Opinion | 09 Ene Causó conmoción en todo el país, menos en los responsables de este estado de cosas, que siguen haciéndose los desentendidos, el episodio que involucra al menor infractor-asesino apodado “El Pelón”, de 17 años, quien junto a otros menores mató a un joven repartidor padre de familia, en lo que constituyó el tercer homicidio de su carrera delictiva (perdón, de infractor), en tanto cuando cumpla la mayoría de edad, a la vez, de acuerdo a la actual legislación, se le borrarán los antecedentes penales.
Parece un caso de Ripley, de una “república bananera” mejor dicho, que alguien ande libre por la calle sin más, luego de haber cometido dos asesinatos al hilo, pero en este caso el asunto cobra mayor gravedad si se tiene en cuenta que un sujeto de estas características estaba libre porque en el segundo asesinato el juez lo liberó porque no se expidió dentro de los plazos de sesenta días que establece la ley, por lo que evidentemente en este ir y venir de responsabilidades y de sacarse el lazo, el gran responsable de que esto haya ocurrido es la inoperancia del sistema y de este magistrado en particular.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó oficialmente el viernes que el “El Pelón” fue liberado a fines de diciembre porque a 60 días de ordenarse su internación provisoria, tras el segundo asesinato que cometió el 26 de octubre de 2010, el juez de la causa, Juvenal Javier, no dictó sentencia. El lunes 3 el menor cometió su tercer homicidio. Su primer asesinato fue el 6 de junio; el fiscal solicitó que fuera privado de la libertad, pero el juez Javier dispuso un régimen de semi libertad, y así se configuraron los ingredientes del gran desaguisado que continuó con un nuevo drama provocado por un inimputable que para nuestro Código no sabe lo que hace y por lo tanto debe ser sustraído a ultranza de la despiadada sociedad que pretendería castigarlo por “nimiedades”.
Estamos ante una hipocresía que nos hace únicos en el mundo, porque aquí se ha impuesto la tesis, del todo vale, de la degradación de valores hasta extremos impensables, en aras de una teoría inaplicable pero que pretende ponerse por encima de todo lo demás, y con los responsables siempre haciéndose los distraídos.
Tenemos así que en las últimas horas el ministro de feria de la SCJ, Jorge Larrieux, se comunicó con el juez Javier y consideró satisfactorias sus explicaciones. Larrieux dijo a El País que por el momento la Corte no tiene previsto iniciar una investigación por lo ocurrido, lo que se puede analizar después de que finalice la feria judicial. Reconoció que “es exacto” que la anterior libertad de este menor se debió a que no se llegó a tiempo para dictar sentencia. “Hay que ver si esos 60 días fueron un plazo útil, si se cumplieron con actuaciones, se pueden pedir pruebas en ese plazo. Sería distinta la situación si el expediente quedó tirado en un casillero, que creo no es lo que ocurrió”, expresó el ministro de la corporación judicial.
Tanto el presidente del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Javier Salsamendi, como diferentes actores del sistema judicial, señalaron a El País que es excepcional que a un magistrado se le venzan los 60 días en un expediente de menores sin emitir una sentencia. Algunas fuentes contactadas agregaron que no es la primera ocasión que le ocurre a Javier.
La polémica que se ha generado a partir de este caso en particular surge ante la pregunta de dónde está el problema, si en el Código o en su aplicación por la Justicia, y en nuestra opinión las responsabilidades radican en las dos partes, en principio, pero no son las únicas involucradas. Tenemos por un lado a una población jaqueada por la delincuencia y sobre todo por la minoridad infractora, y por el otro a un sistema político en el que todavía se ponen reparos, a través de legisladores del Frente amplio, a que se baje la edad de imputabilidad para los delitos graves, a que se creen herramientas para efectivamente contener y rehabilitar, de ser posible, a los menores que cometen actos despiadados contra ciudadanos indefensos, que se burlan de la Policía y de los jueces porque se han aprendido las leyes de memoria y se saben intocables, y que encima amenazan a los ciudadanos que los denuncian sin que en la práctica se pueda hacer nada para sacarse de encima a estos malvivientes.
Y la pregunta que corresponde es hasta cuándo se van a seguir avasallando los derechos de los vecinos en aras de salvaguardar in extremis lo dispuesto por una legislación delirante, con magistrados que no quieren ver la realidad de las cosas, con jerarcas de organismos que no quieren comprometerse; con legisladores que por su dogmatismo a ultranza pretenden hacernos creer que las cosas se van a resolver solas dentro de veinte o treinta años, cuando den resultado las políticas sociales, que vamos a vivir en el mejor de los mundos y ya no va a haber menores infractores ni delincuencia. ¿O va a esperarse que el ciudadano pacífico, harto de ser atropellado en sus derechos, encerrado en su casa tras rejas y temeroso de salir a la calle por la noche, o de dejar a su familia en su hogar, se arme y trate de hacer justicia por mano propia, para terminar él preso en lugar de los intocables?