Opinion | 10 Ene Las contradicciones en el gobierno son evidentes. Los organismos estatales toman acciones contrarias a la postura del propio presidente José Mujica. El más reciente ejemplo es lo ocurrido en torno al conflicto de AEBU. El presidente había ordenado a los entes que fueran rigurosos al efectivizar los descuentos de haberes --en forma proporcional a “la disminución de la labor”-- a aquellos funcionarios públicos que realicen paros. Según señalaron fuentes a diario El Observador, Mujica habló con los directores de los entes para recordarles la existencia de un decreto firmado durante la administración de Tabaré Vázquez y les pidió que lo aplicaran.
En agosto de 2008, el entonces ministro interino de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Bruni, explicó que el decreto tiene una finalidad “social y ética”. Añadió que los paros, trabajo a reglamento, a desgano, ocupaciones y todas las formas atípicas de las modalidades de la huelga, implican un tiempo en el cual no se trabaja o la actividad disminuye. Además, cuando se realiza un paro “es natural que se produzcan los descuentos del caso, por la ruptura con la habitualidad del trabajo”.
No obstante, la Dirección Nacional de Trabajo gestionó que el Banco República levantase las retenciones. El preacuerdo firmado con el gremio de los bancarios incluye la devolución en un plazo de 10 días de los descuentos efectuados a los funcionarios que realizaron medidas que distorsionaron el funcionamiento en el banco en noviembre, y que significaron el 50% de los jornales cuando hubo movilizaciones. Las paralizaciones causaron una severa distorsión en la operativa, con más de 100.000 cheques trancados.
Diferente fue la postura de la intendente de Montevideo, la comunista Ana Olivera, quien mantuvo los descuentos a los trabajadores del sector limpieza que no respetaron la declaración de esencialidad en diciembre. “Como trabajadora de años, siempre que realicé una medida en el legítimo derecho de huelga, sabía que después venían los descuentos”, dijo cuando le fue reclamado que no se efectuaran.
Al parecer, algunos gremios ejercen tal presión que logran pasar por encima las propias decisiones presidenciales. Quizás los organismos dan el brazo a torcer como forma de lograr el fin de un conflicto. Sin embargo, con esto no sólo no se respeta la decisión presidencial sino que no toman en serio los dineros públicos. Y tomando en cuenta que el bancario es uno de los sectores que mejores salarios percibe en el área pública, esto resulta un doble insulto para la ciudadanía.