Opinion | 14 Ene Poco después de iniciado su mandato, el ex presidente Tabaré Vázquez reconoció que uno de los problemas más acuciantes para el desarrollo del país, para la captación de inversiones y para el propio bienestar ciudadano, era la estructura del Estado, y por lo tanto anunció que promovería la “madre de todas las reformas” para tener un Estado acorde a las dimensiones y necesidades del Uruguay.
Pasaron los años, y la anterior administración no reformó absolutamente nada que valiera la pena, sin haber siquiera arañado la cáscara del “paquidermo” con que lo ejemplificara además su sucesor José Mujica.
El Frente Amplio dejó por lo tanto este tema pendiente para el siguiente gobierno, que recayó por decisión de la ciudadanía en la misma fuerza política, conducido esta vez por José Mujica, quien durante su campaña electoral subrayó recurrentemente que el país resulta inviable si no se reforma el aparato del Estado, tanto desde el punto de vista estructural como de gestión, en tanto lo ha mencionado en su discurso de asunción y en muchas oportunidades en que abordó esta problemática.
Pero claro, el Estado quiere decir muchas cosas. Si bien la enorme mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con que deben modificarse, tenemos por otro lado a las corporaciones de funcionarios públicos que históricamente se han opuesto férreamente a cualquier innovación que remotamente pueda amenazar la condición de trabajador público, con inamovilidad incluida, beneficios y condiciones de trabajo sin exigencias, cuando además han sido pilar fundamental para el acceso de la izquierda al poder a través de la campaña sistemática orientada por el Pit Cnt.
Durante varios meses tuvimos una muestra clara de la forma en que piensan y actúan estas corporaciones, en oportunidad del tratamiento parlamentario del presupuesto quinquenal, con la serie de paros, movilizaciones y ocupaciones, al punto que el gobierno optó por prohibir las ocupaciones de dependencias del Estado, aunque no las privadas, en una dicotomía inexplicable pese a las “cantinflescas” volteretas verbales que han dado portavoces del gobierno para pretender justificarlo.
Así, mientras la Administración Mujica pregonó como bandera pasar a la historia como el gobierno que iba a lograr modernizar una estructura estatal vetusta e ineficiente, con exceso de gasto, corporativismos, superburocracia e improductividad de los funcionarios, el paso de los meses ha ido desgastando este entusiasmo por la fuerza de los hechos y evidencian el poco convencimiento al respecto de varios de los grupos que rodean al mandatario, que precisamente son parte o están en connivencia con la central sindical.
La reforma del Estado ha sido uno de los temas principales puestos en agenda por el Poder Ejecutivo, y en el Presupuesto se incluyeron los primeros pasos para la reestructura administrativa de los funcionarios estatales, pero las etapas más importantes y las realmente transformadoras empezarán a ser discutidas en febrero, instancia en la que además el gobierno le presentará al sindicato de funcionarios estatales (COFE) una propuesta para reformar el estatuto del funcionario.
Ya desde esferas del gobierno --incluido Mujica-- se ha dejado entrever que la reforma no va a ser tan veloz ni tan a fondo como se dijo al principio, ante la resistencia que se ha encontrado en los sindicatos estatales. En una reciente audición radial, el presidente dijo que “sin la colaboración de la gente que trabaja en el Estado no vamos a hacer otra cosa que multiplicar las tensiones”.
Este razonamiento del mandatario significa lisa y llanamente que se perfila un “entierro de lujo” --aunque pretendidamente disimulado-- de la reforma del Estado, porque es una ingenuidad, por decir lo menos, creer que los sindicatos van a aceptar, acompañar o no oponerse a disposiciones que remotamente puedan afectar su situación y, por las dudas, se van a resistir a todo cambio realmente significativo.
Esta es su esencia, porque los sindicatos han sido creados para defender los intereses de los funcionarios que los integran y no el interés general, que sí debe ser defendido por el gobierno, que es de todos los uruguayos y no solo de los que trabajan dentro del Estado.
Fuentes del gobierno ya han indicado que no quieren enfrentar este año una conflictividad tan aguda como la de 2010, por lo que negociará sus planes de reforma con los funcionarios públicos, que es decir lo mismo que el lobo negocie con el pastor la forma en que debe cuidar sus ovejas. Por ende, no existe la mínima posibilidad de lograr acuerdos, salvo en cosas intrascendentes, que en nada beneficiarán al ciudadano común y al país, por lo que todo indica que seguiremos en los enunciados sobre lo que se debería hacer, sin que nadie se anime a hincar realmente el diente a los temas en los que se juega el futuro del Uruguay.