Nacionales | 17 Ene “Nos ha dado bolilla”
“Podemos endilgarle muchas cosas al gobierno, pero no podemos decir que no ha tenido diálogo con la oposición y que no nos ha dado bolilla”, dijo el senador Jorge Larrañaga a El País. “La excepción fue algún que otro episodio puntual de voto urgente de leyes, con los cuales yo también discrepo por ese tratamiento legislativo improvisado”, agregó.
El legislador nacionalista, que el año pasado tuvo una postura de diálogo con el Poder Ejecutivo, señaló como errores de gestión “la expansión del gasto público, gastos fijos, cargos de particular confianza, todo eso nos parece un error”.
“Hay una disposición más fuerte para el combate a la delincuencia, pero en materia de adolescencia infractora todavía el país necesita mejores respuestas y el gobierno tiene la palabra”, subrayó considerando uno de los principales temas en la agenda ciudadana. “No es concebible que el gobierno no agrave las penas de los adolescentes de 16 a 18 años. No es aceptable que el gobierno no tome en cuenta los antecedentes de adolescentes”, opinó Larrañaga.
“Una jugada sucia”
Para el intendente de Colonia, Walter Zimmer, la intendencia de Montevideo hizo una “jugada sucia” al continuar con la fiscalización de vehículos empadronados en Colonia tras el acuerdo alcanzado por los intendentes la semana pasada.
“Se dijo que era una tregua y que la tregua implicaba el cese de la fiscalización. Acordamos que lo que está, está, y se arranca con el acuerdo de aquí para adelante. Si no, nosotros no hubiéramos acordado”, comentó Zimmer, quien amenazó con “bajarse del acuerdo” si esta semana no hay cambios en el criterio de la comuna capitalina. “Y además le digo al contribuyente de Montevideo que aguante el chaparrón”, advirtió el jerarca nacionalista.
Pero el intendente de Flores, Armando Castaingdebat, aseguró -por el contrario- que el tema no se habló durante el Congreso. “Se habló en la reunión de la bancada del Frente Amplio, y luego se conversó con el intendente de Rocha, Artigas Barrios y con el consejero del FA, Humberto Castro”, agregó.
Sin embargo, para el jerarca, terminar con las fiscalizaciones de vehículos “es algo que se cae por su propio peso”. El intendente de Flores fue menos severo que Zimmer en cuanto a retirarse del acuerdo si continúan las fiscalizaciones mañana. “Hay que esperar que se reintegre Ana Olivera el lunes (hoy) y ver qué actitud adopta”, señaló Castaingdebat. De todos modos, afirmó que esta será “la última instancia de diálogo. O se logra un acuerdo o volvemos a fojas cero y hasta dentro de cinco años no se habla más del tema”.
La mitad para las víctimas
“Debe ser mayor el porcentaje que se le saque al preso para el fondo de las víctimas. El Estado debe proteger a sus ciudadanos y quien ataca a la sociedad, debe resarcirle”, afirmó el diputado de Vamos Uruguay Fitzgerald Cantero, comentando el proyecto del ministro del interior Eduardo Bonomi, sobre el trabajo de los reclusos y el aporte que deberán hacer para un fondo destinado a las víctimas de delitos, el que rondará el 0,5%.
Un proyecto de ley elaborado por el Ministerio del Interior habilitará las salidas de aquellos presos que cuenten con el perfil adecuado para trabajar en obras viales, construcción de viviendas o podas de árboles, entre otras actividades. Aquellos reclusos que no puedan salir por no contar con el perfil requerido, también recibirán beneficios salariales y reducciones de penas por trabajar dentro de los recintos carcelarios.
Para el diputado colorado, el aumento exponencial de víctimas es directamente proporcional a la actividad delictiva. “Pongamos un ejemplo, si ‘el Pelón’ trabaja en este sistema y se le da un salario de $ 10.000, en el anteproyecto del Frente Amplio le correspondería $ 50 a las víctimas. Ese monto se deberá dividir entre tres familias solamente por el delito de homicidio. Nuestra propuesta es que se le descuente $ 5.000 de sus ingresos”, señaló el representante de Vamos Uruguay.
Que pague el Estado
Para el senador nacionalista, Carlos Moreira, en cambio, el resarcimiento de la víctima tiene que estar a cargo del Estado. “Son más las víctimas que los reclusos. Hay internos que tienen 100 víctimas. La reparación que puede provenir de los ingresos de los presos son más simbólicas que efectivas”, expresó.
Moreira reiteró que la indemnización de la víctima “no pasa” por un porcentaje de los ingresos de los encarcelados. La ley de emergencia carcelaria, recordó, dispuso la creación de una comisión que se encargara del tema de las víctimas de delitos. “Esta comisión, que no funcionó, debería recibir aportes presupuestales y efectuar una ayuda a las víctimas o a sus familiares que incluya, no solo un aporte reparatorio, sino también apoyo psicológico”, dijo.