Nacionales | 18 Ene Vázquez otra vez
El Partido Nacional prevé convocar al Parlamento al ministro interino del Interior, Jorge Vázquez, quien aseguró que narcotraficantes brasileños expulsados de las favelas de Rio de Janeiro podrían recalar en Punta del Este.
El jerarca aseguró el viernes en declaraciones a la prensa que la política antinarcóticos del Gobierno brasileño en las favelas puede llevar a un traslado del narcotráfico hacia Punta del Este. “Hemos detectado y demostrado movimientos de organizaciones internacionales que se mueven en el país. Ya hemos desbaratado más de veinte de estas organizaciones. En las cárceles hay presos mexicanos, serbios y colombianos, por lo que podemos demostrar lo que decimos”, afirmó. Esta es la segunda vez en diez días que las declaraciones del ministro interino del Interior causan una fuerte reacción en la oposicion y el oficialismo ya que recientemente señaló que en el principal balneario uruguayo se reúnen los grandes delincuentes para planificar sus acciones del año, lo que le valió reproches de todo calibre, e incluso un llamado de atención del ministro de Turismo, Héctor Lescano.
Molesto por estas afirmaciones, el senador de Unidad Nacional (UNA) Gustavo Penadés planteará hoy en la Comisión Permanente que se convoque a Vázquez para brindar explicaciones sobre unos y otros dichos, confió el legislador a El País. Penadés, justificó su planteo de pedido de explicaciones en que según estas afirmaciones sobre el narcotráfico “está en juego la seguridad nacional”.
Las declaraciones de Vázquez fueron, incluso, criticadas por el senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro, de la CAP-L. Los dichos del ministro “fueron desafortunados” cuando generalizó respecto a Punta del Este, precisó el senador, en
globando ambas afirmaciones. En Punta del Este “Uruguay está dando una hermosa batalla a favor del turismo, en la que estamos teniendo muy buenos resultados; las declaraciones de esa índole perjudican a esa gran fuente de divisas y de trabajo”, sostuvo.
Rumbo al fracaso
El acuerdo al que arribó el jueves pasado en el Congreso de Intendentes, donde los jefes comunales se comprometieron a no empadronar vehículos de otros departamentos, parecería ir rumbo al fracaso una vez más. El pasado fin de semana, los intendentes de Colonia y Flores, Walter Zimmer y Armando Castaingdebat, denunciaron que las fiscalizaciones de Montevideo atentaban contra el acuerdo y fustigaron que Montevideo controla a los vehículos matriculados en el interior desde 2008. Sin embargo, la intendenta interina de Montevideo, María Sara Rivero, dijo a El Espectador que su comuna seguirá fiscalizando a los autos empadronados en el interior, ya que no hubo ningún compromiso de que esto no se fuera a hacer.
Ribero, se comunicó con el intendente de Tacuarembó y presidente del Congreso de Intendentes, Wilson Ezquerra, para consultarle si el acuerdo de la semana pasada implicaba modificaciones sobre las fiscalizaciones. Ezquerra le respondió que el acuerdo no abarcaba a las fiscalizaciones, y que, por ende, el gobierno de la capital podía proseguir con los controles a los automóviles del interior empadronados desde 2008.
El intendente de Flores, Armando Casteigdebat, está molesto con esta decisión y aseguró que si no hay una “voluntad” por parte de la Intendencia capitalina a partir de este lunes y se sigue controlando, Flores se descolgará del acuerdo. Lo mismo aseguró el intendente de Colonia, Walter Zimmer. Los integrantes de la Mesa del Congreso Nacional de Intendentes esperan una convocatoria del Poder Ejecutivo para iniciar el diálogo sobre el mecanismo de instrumentación de la patente única.
Estado “en falta”
El senador colorado José Amorín Batlle (Proba) manifestó a Últimas Noticias que la proliferación de armas y las sentencias de legítima defensa tras la muerte de delincuentes desnudan que el Poder Ejecutivo está en falta en materia de seguridad.
“La gente termina haciendo lo que el Estado no le ofrece, lo cual no puede ser aceptado. El subsecretario Jorge Vázquez debiera hablar de estos temas en lugar de otros, como cuando sostuvo que Punta del Este podía ser un lugar para la planificación de delitos”, sostuvo.
“Cuando la sociedad se defiende y se arma retrocedemos porque deberíamos estar responsabilizando al Poder Ejecutivo por estar omiso en sus obligaciones”, sentenció el senador de Proba en declaraciones a Últimas Noticias.
Para Amorín Batlle, los daños que puede sufrir el país al proliferar armas son imposibles de prever porque “la gente carece de entrenamiento y tener el arma no significa que la pueda utilizar llegado el momento o, incluso, que no se termine dañando a sí misma”.
No obstante, el legislador batllista expresó que hay que comprender el sentimiento de inseguridad entre la población y la reacción actual, compartiendo los criterios de flexibilización de la legítima defensa que los jueces están adoptando en estos casos.