Opinion | 19 Ene Como era de esperar, el nuevo y “definitivo” acuerdo sobre las patentes de rodados logrado en la última sesión del Congreso de Intendentes duró lo que un lirio, y en las últimas horas ya Colonia a través de su intendente Walter Zimmer anunció que se bajaría del acuerdo alegando que Montevideo sigue controlando autos del Interior, en tanto la comuna capitalina afirma que sufrió el año pasado pérdidas estimadas en 24 millones de dólares por evasión de patentes hacia otras comunas.
La intendenta interina de Montevideo, María Sara Ribero, finalmente dio marcha atrás en la fiscalización de chapas del Interior pese a que dijo que tal posibilidad no está contemplada en el acuerdo que se logró el jueves pasado en la reunión del Congreso de Intendentes.
La Intendencia de Montevideo aprobó días pasados rebajas de patente que irían del 10 al 15% en el mejor de los casos y necesita de la fiscalización para defender este beneficio y no perder aún más recursos a favor de otras comunas del interior, según afirmaron autoridades capitalinas.
El último acuerdo fue propuesto por la Mesa del Congreso de Intendentes --que está conformada por los tres partidos políticos-- y refrendado por la totalidad de los jefes comunales, pese a que anteriormente la intendenta capitalina manifestó que la fiscalización es una potestad que tiene el gobierno departamental, que no tiene por qué suspenderla. “No estuvo planteado en lo que trabajamos y acordamos, de modo que Montevideo va a continuar en lo que corresponde, porque nosotros sentimos que estamos respetando a los montevideanos y sus derechos. Es mucho el dinero y muy injusta la forma en la que éste se va para otros departamentos”.
El problema de las patentes, tan viejo como los mismos gobiernos departamentales, tiene varias facetas que contribuyen a generar el eterno desacuerdo por motivaciones económicas, porque hay comunas, sobre todo las de Colonia y Flores, que se han volcado a captar empadronamientos de otros departamentos, fundamentalmente de Montevideo, en base a rebajas que permiten que en la cantidad obtengan ingresos adicionales que les permiten hacer frente a sus presupuestos, no necesariamente austeros ni modelos de administración precisamente. Pero el gran problema radica en la Intendencia de Montevideo, que aplica tarifas que están muy por encima del promedio de las comunas del Interior simplemente porque tiene que hacer frente a enormes erogaciones, como consecuencia de sus políticas sociales --muchas veces superpuestas a las del gobierno nacional--, deficientes administraciones, salarios astronómicos de los funcionarios municipales e infinidad de cargos de confianza, así como un gobierno descentralizado que fagocita todo los recursos que se les puedan asignar y los que no, con muy magros resultados. Y como cualquier otra Intendencia, la forma de recaudar es a través de la Patente de Rodados y la Contribución Inmobiliaria mayoritariamente.
Esto debería ser solo un problema de los montevideanos, que en definitiva obtuvieron lo que votaron, pero existe esta tentativa de acuerdo nacional que conlleva de alguna forma extender al resto del país la ineficiencia y problemas de financiación que refieren fundamentalmente a Montevideo.
Igualmente en el Interior no todo son rosas, y también existen esquemas de costos que exorbitan los ingresos “normales” en determinadas comunas, que procuran “picotear” patentes de otros departamentos mediante rebajas y generar así una especie de remate a ver quien descuenta más.
Pero en un país con diecinueve diferentes legislaciones departamentales, la posibilidad de desdibujar en buena medida el lugar de residencia o hacerlo múltiple por razones laborales u otras circunstancias, es un factor que incide claramente en la regularización en el pago del impuesto, lo que explica que todos los años se anuncien acuerdos sobre patente única y otras tantas se generan desacuerdos que dejan en la nada aquello que se había proclamado como un hecho.
La realidad indica que hay departamentos, como los de Colonia y Flores, que no tienen interés en concretar un acuerdo real, porque han consolidado fuentes extra de ingresos por esta vía y ya lo tienen asumido como un ingrediente presupuestal, aunque sea en forma encubierta, y a la vez el atractivo que se generan a los propietarios de vehículos es demasiado fuerte como para que éstos no arriesguen el ser objeto de fiscalización y eventualmente de sanciones cuando buscan la ventaja económica.
A la vez, si tenemos en cuenta que en realidad esta patente es un impuesto al patrimonio, porque refiere exclusivamente al valor del vehículo y no es tasa de uso de la red vial, es decir al desgaste que el rodado implica y la consecuente afectación de recursos municipales, convendremos en que también el concepto de la patente está en juego. Quizás lo más razonable sería descomponer el impuesto en dos: una parte que corresponda al valor de la unidad y la otra que tenga relación con los kilómetros recorridos, por ejemplo cobrando un plus en los combustibles.
Este concepto solo puede ser incorporado mediante una reforma constitucional, por lo que todo indica que si realmente se quiere hallar una salida a esta encrucijada, que contemple no solo los conflictos de intereses de las comunas sino también al contribuyente, debería modificarse la Carta Magna, y así terminar definitivamente con la “guerra de las patentes”.