Policiales | 19 Ene Por tercera vez fue pospuesta la Demanda de Amparo interpuesta en Mérida, Yucatán, México, por los representantes legales de Francisco Pérez Janeiro y Andrea Lomazzi, que ahora quedó para el venidero 9 de febrero, lo que causó sorpresa y rechazo en la pareja que es acusada de ser cabecilla de la banda que asaltara la joyería Bauer en el centro comercial Altabrisa de Mérida, y en sus asesores legales. Como se recordará, la pareja aduce su inocencia y aportó pruebas de que no se encontraba en el lugar de los hechos cuando ocurrió el asalto. También aportó elementos que indican que no tienen vínculos con los asaltantes.
“No podemos más, no sabemos qué hacer ante la corrupción que hay acá. Es imposible, no existen leyes que esta gente no pueda violar. Esto rebasó todos los límites”, dijo Andrea Lomazzi a EL TELEGRAFO.
El caso ha retomado interés en la prensa mexicana, en parte debido a la investigación realizada por EL TELEGRAFO, que es citado como fuente en artículos publicados en México.
En la víspera, el diario El Yucatán publicó una columna de opinión firmada por Filiberto Pinelo Sansores, especialista en política y gestión educativa, titulada “Nada de seguridad”, que también plantea que la gobernadora Ivonne Ortega estaría involucrada en el drama que por estas horas viven Pérez Janeiro y Lomazzi.
“Desde que tomó el poder Ivonne Ortega la opinión pública ha tenido muchos ejemplos de los métodos que usan sus agentes policíacos para detener personas fabricándoles delitos. Ahora la ineptitud e irresponsabilidad de quienes dirigen las fuerzas represivas del Estado para hallar verdaderos culpables las han llevado, de nuevo, con el visto bueno de su jefa, a detener a chivos expiatorios, sin importar el daño que causan a sus víctimas”, sostiene Pinelo Sansores.
En tanto el viernes, un remitido publicado en el mismo diario por la empresa Dorian Drake International, que representa en Latinoamérica Pérez Janeiro, firmado por su presidente, Edward S. Dorian Jr., subraya que “es grave que el Estado de Yucatán presuma de ser seguro, cuando su seguridad se basa en inventar delitos a personas que nunca los cometieron, parece que hay una falta de transparencia en el Gobierno del Estado de Yucatán, que impide que se haga justicia, ya que jueces se encuentran sometidos al poder Ejecutivo, que actúan bajo consigna”.