Opinion | 17 Ene En las últimas horas se supo que el gobierno de José Mujica resolvió instalar una misión castrense en Venezuela, un lugar en el que no había presencia de militares uruguayos, por lo menos en este carácter, en tanto al mismo tiempo el gobierno recorta las agregadurías militares en Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros países.
Para el Poder Ejecutivo la instalación de una presencia militar en Venezuela es un gesto de “reciprocidad” con el gobierno de Hugo Chávez, que desde hace un año tiene un representante militar en Uruguay, según informaron a El País voceros del Ministerio de Defensa, en tanto que igualmente se invocan razones de “estrategia, complementación y acuerdos entre los dos países”.
Esta incongruencia que ya salta a primera vista se ve reforzada dado que el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, tiene previsto reducir la cantidad de representantes militares en Argentina y Brasil, donde en la actualidad hay uno por cada arma y es así que en ambos países quedaría un agregado. En tanto, en la delegación castrense en Estados Unidos también habrá reducciones, pero no se sabe la cantidad.
Está resuelto instalarse un delegado castrense en Caracas, que además atenderá los asuntos relacionados con Colombia, según se supo, mientras que se está estudiando en Defensa la posibilidad de enviar un representante a México.
Ocurre que nunca se supo muy bien cual es la real utilidad de las agregadurías militares en el exterior, y mucho menos en el marco de la evaluación costo-beneficio, sobre todo para un país como Uruguay, en donde está en entredicho si realmente debería contarse con fuerzas armadas, teniendo en cuenta su tamaño, su situación geopolítica y su apego a las normas internacionales de respeto a la no intervención y libre determinación de los pueblos, solo por citar algunos elementos de juicio.
Pero además, cuando asumió, una de las premisas anunciadas por Mujica fue la austeridad de su gobierno, la que por cierto hasta ahora se ha dado por cuentagotas, teniendo en cuenta la forma en que está manejándose el gasto público, pero se esperaba que por lo menos en el caso de las representaciones en el exterior se tuviera mucho cuidado en no insistir con los “premios” de cargos diplomáticos a correligionarios que no tuvieron suerte en la comparecencia electoral, como ha sido una constante en la política uruguaya, tanto por los partidos tradicionales como por el Frente Amplio.
Hasta mediados de 2010 Uruguay tenía 38 agregadurías militares en el exterior, y por razones presupuestales el gobierno resolvió que se mantengan 16. El objetivo es que al final del proceso se consiga un ahorro de entre U$S 5,5 millones y 6 millones que está previsto se destine a aumentar los salarios militares. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dijo días pasados que con los recortes que ya realizaron en las agregadurías se ahorraron unos 60 millones de pesos. En ese marco la cartera ya puso en venta algunos inmuebles que posee en Argentina y EE.UU., que venían siendo utilizados por los agregados.
Debe tenerse presente que los representantes militares de Uruguay en el exterior cobran salarios de 10.000 dólares por mes, en tanto hasta el momento no está resuelta la lista de agregadurías a cerrar. Los delegados militares en el exterior tienen como cometido principal el intercambio con las Fuerzas Armadas del país en que les toca actuar, junto a la cooperación en materia de armamento y el diálogo estratégico, lo que en esencia pone de relieve el escaso o nulo rédito que este gasto representa para el país, e incluso también debe ponerse en tela de juicio la actuación de varias de las propias representaciones diplomáticas cuando no se “ponen la camiseta” del país y trabajan poco y nada en cuanto al relacionamiento con las misiones comerciales a efectos de promover el intercambio comercial y cultural, solo por mencionar algunos aspectos inherentes a sus funciones.
Pero evidentemente la decisión de incorporar una agregaduría militar en Venezuela exorbita estos razonamientos y debe ser enmarcada en un “amiguismo” y afinidades ideológicas que no se compadecen con los intereses nacionales, desde que responde sí a situaciones circunstanciales que se evalúan como si fueran permanentes y prioritarias, en la particular visión de los gobiernos de turno.
El Uruguay nada tiene que ver –no debería por lo menos— con los delirios de Hugo Chávez de procurar protagonismo internacional y perpetuarse como líder bolivariano de América, menos aún de mimetizarse con sus afanes militaristas en la región, con fuerzas armadas politizadas en su beneficio, y la tónica debería ser guardar la máxima distancia posible con un régimen autoritario desprestigiado en todo el mundo, aunque haya “favores” pendientes con nuestro gobierno, que no deberíamos pagarlos todos los uruguayos.