EL DESPIDO DE LOS GERENTES

Locales | 23 Ene (Por Horacio R. Brum). No son comunes los alzamientos populares en Chile. En un país con un fuerte control social, donde cualquier acto de protesta que no esté permitido por las autoridades puede ser severamente reprimido por la policía, los ciudadanos se cohíben rápidamente si las manifestaciones de descontento toman un carácter demasiado radical. Por eso, la protesta de los habitantes de la región de Magallanes contra la suba del precio del gas natural, que con sus bloqueos, paros y el respaldo generalizado de la comunidad local tuvo características de levantamiento popular, causó efectos políticos y sociales que todavía no son admitidos ni evaluados públicamente por el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
El más evidente de tales efectos es el cambio de gabinete, que tal vez conlleve un cambio en el estilo de gobernar. Piñera llegó al poder hablando de “gobernar con los mejores”, una frase que pronto perdió significado, porque buscó a la mayor parte de sus ministros entre sus socios y colegas de negocios, egresados casi todos de la Universidad Católica, la institución de educación superior tradicionalmente preferida por la clase alta. Por otra parte, se inició una verdadera purga de los directores y otros altos funcionarios de los servicios públicos; éstos eran profesionales designados por concurso de méritos durante los gobiernos anteriores, para crear una administración pública que estuviera por sobre los avatares políticos. No parece creíble, a la luz del despido de alrededor del 60% de esos servidores del Estado, que ninguno de ellos se contara entre “los mejores” y que el funcionamiento diario de un país con reputación de seriedad y eficiencia hubiese estado hasta ahora en manos de ineptos. Más todavía, cuando se ha hecho una práctica común designar a reemplazantes temporales de los despedidos, por lo general afines a los partidos de la alianza gobernante, quienes luego resultan elegidos en los concursos por la titularidad del cargo.
El empresariado chileno se caracteriza por una tendencia a cerrar negocios entre familiares y amigos, a valorar más la subordinación que la capacidad, y a preferir la discreción rayana en el secreto para esos tratos. Además, la impronta histórica de la estructura social del gran latifundio, todavía presente bajo la apariencia de modernidad del país, hace del “patrón” un individuo poco dispuesto a las relaciones igualitarias y al diálogo con los subordinados. Todo esto se vio en la decisión de subir las tarifas del gas en Punta Arenas y su región: el tema se había estudiado durante varios meses en el ministerio de Energía y en la empresa de combustibles estatal UNA, cuya sede está precisamente en esa ciudad, sin que las autoridades municipales, los representante parlamentarios ni las fuerzas vivas fueran enteradas. La decisión de aumentar bruscamente el precio se informó en Santiago, y ante las consultas de los medios sobre sus efectos, el ministro de Energía respondió, sin tacto alguno, que se iba a acabar “la fiesta” en Magallanes.
Ese estilo de hacer las cosas, sumado al desconocimiento de la importancia del gas como combustible en una zona de clima hostil y que sólo se comunica directamente con el resto del país por avión o barco, precipitó los acontecimientos.
La semana pasada, el presidente Piñera recibió una andanada de críticas, incluso desde su propio partido, por la falta de manejo político del asunto, al cual se sumó un escándalo en el ministerio de Defensa, por unas compras del Ejército.
Así, estuvo obligado a hacer lo que no quería: sustituir a los tecnócratas y empresarios que había puesto en ministerios de relevancia política por políticos experimentados y dar el ministerio de Energía al actual ministro de Minería Laurence Golborne, quien a raíz del rescate de los 33 mineros se convirtió en la figura del gobierno con la mejor imagen pública. Golborne fue al sur a conversar frente a frente, cosa que no habían hecho otros ministros al inicio de la crisis magallánica, y negoció con todos los protagonistas de la protesta un acuerdo que sólo ajusta el precio del gas a la inflación, mientras se trata en el parlamento una ley especial para regular las tarifas. También habrá más subsidios para ayudar a los pobres que los que se habían ofrecido inicialmente desde Santiago y se aumentó el límite de metros cúbicos subsidiados.
De ese modo terminó un conflicto que sólo puede atribuirse al nuevo estilo de gobernar imperante desde marzo del año pasado: el estilo empresarial chileno. Piñera incluyó en su gabinete a dos formidables operadores políticos, los ex senadores Andrés Allamand y Evelyn Matthei, que junto a Laurence Golborne pueden contribuir a crear una imagen del gobierno más cercana a la gente. El problema es que los tres son presidenciables y figuras con brillo propio, trabajando para un mandatario que, al parecer, prefirió antes rodearse de gente incondicional y no aceptar consejos que fueran contra sus propias ideas.