Paysandú, Miércoles 26 de Enero de 2011

Brincadeiras Políticas

Nacionales | 24 Ene Cuestión territorial
Parece que en la presente temporada estival el tema de la autonomía se está convirtiendo en el gran protagonista del ámbito gubernamental. En los últimos días, autoridades de la enseñanza rechazaron expresiones de figuras del gobierno, quienes reclamaron mayor ingerencia del Ejecutivo en temas de educación. Ahora, el roce se generó entre Presidencia de la República y el Ministerio de Economía, ya que –según El País-- el presidente José Mujica promovería un cambio de perfil en esta cartera, otorgándole mayor poder a Presidencia.
Fuentes consultadas por el matutino, aseguraron que la intención de Mujica de modificar el perfil de Economía responde a que durante el anterior gobierno, el titular de esta secretaría de Estado oficiaba como una especie de primer ministro. “Como Mujica lo sufrió, no quiere que el Ministerio de Economía sea el que decida todas las políticas públicas”, indicaron.
En este intento por fortalecer institucionalmente a Presidencia se inscribe la creación de coordinadores regionales, que originalmente serían 18 pero que en definitiva serán 6. La actitud de Mujica generó reacciones en el seno del Ministerio de Economía y fuentes cercanas al ministro Fernando Lorenzo opinaron que esta nueva política pretende desgastar al titular de la cartera, en tanto señalaron al prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, como el impulsor de la campaña.
“Tiene un problema personal con el ministro de Economía desde hace años, cuando ambos pertenecían al Nuevo Espacio”, dijeron, en tanto responsabilizaron a Cánepa de filtraciones de información y de protagonizar operaciones políticas para dañar la imagen de Lorenzo.
Tema recurrente
Con el asesinato de un joven de 19 años como trágico telón de fondo, la polémica por la baja de la edad de imputabilidad volvió a acaparar la atención de los medios de prensa. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, quien en febrero asumirá la presidencia anual de la Corporación, opinó que el caso del menor homicida apodado “El Pelón” (autor de tres homicidios y dejado en libertad por un juez penal), afectó la imagen pública del Poder Judicial, en tanto aseguró que el plazo legal de 60 días para emitir sentencia de jóvenes privados de la libertad es “excesivamente breve” y “no se puede cumplir”.
En una entrevista cedida a “El País”, Van Rompaey aseguró que el sistema de justicia presenta dificultades de orden administrativo y éstas “no tienen que ver con la diligencia de los jueces”, al tiempo que señaló una práctica habitual “absolutamente incorrecta”, que consiste en “prorrogar la audiencia de alegatos en algunos casos por muchos meses”. Respecto al caso de “El Pelón”, dijo que situaciones de esta naturaleza “causan dudas sobre la eficiencia del sistema en general”, en tanto desistió de hacer consideraciones respecto a la posibilidad de mantener los antecedentes a los menores infractores, una vez que cumplen 18 años.
“No creo que sea una solución para la problemática de la inseguridad”, sostuvo y dijo que bajar la edad de imputabilidad en forma precipitada generaría consecuencias negativas.
“Pero yo entiendo que ese punto no está vinculado con el tema de la seguridad, por lo tanto bajar la edad de imputabilidad sin más, sería un verdadero desastre. Primero tenemos que pensar en un derecho penal juvenil y en que el INAU o un organismo autónomo cumpla eficazmente la función de contención y rehabilitación, y después sí entrar a pensar en la edad de imputabilidad”, afirmó.
Una gran metida de pata
Las consideraciones del vicecanciller Roberto Conde respecto al gobierno peruano generaron un revuelo que difícilmente se disipará en poco tiempo. Si bien el involucrado y un comunicado oficial de la Cancillería minimizaron la situación y aseguraron que las expresiones fueron sacadas de contexto, la oposición reaccionó enérgicamente solicitando la renuncia del jerarca, en tanto desde el Frente Amplio surgieron posiciones más tibias, aunque coincidentes respecto a lo inadecuado de la actitud del vicecanciller.
En declaraciones cedidas al mismo matutino, el senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional, fue enfático al solicitar la renuncia del involucrado.
“Tiene que renunciar ya y le evitaría al gobierno un lío gratuito dentro y fuera del país. No está a la altura del cargo y la mejor manera de bajarle el perfil al tema es que se vaya. Nadie ha salido a defenderlo”, subrayó.
Mientras tanto, desde el Frente Amplio, el senador Carlos Baráibar dijo no compartir las declaraciones de Conde, pero consideró que no se justificaría su renuncia. “Absolutamente no. No comparto las apreciaciones que hizo sobre Colombia y especialmente sobre Perú en momentos que el presidente viaja a ese país. Como vicecanciller todas sus declaraciones son oficiales. Creo que hubo falta de oportunidades pero absolutamente no se justifica la renuncia”.


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