Opinion | 20 Ene El anuncio de la construcción de una nueva mega planta de celulosa en Uruguay reavivó la polémica ambientalista en un escenario en el que los gobiernos de Uruguay y Argentina han dado por zanjado el diferendo que los llevó a los estrados judiciales internacionales debido a la instalación de una industria similar en Fray Bentos y están iniciando en conjunto la tarea de monitoreo del río Uruguay.
La noticia provocó la advertencia de movimientos ambientalistas en el Río de la Plata y Delta del Tigre, así como el repudio de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Por su parte, el gobierno uruguayo, que acaba de firmar un contrato de inversión con la empresa Montes del Plata --un joint venture entre Stora Enso y la chilena Arauco--, aseguró que se han tomado todos los recaudos para investigar si la empresa cumplía con el cuidado del medioambiente, de manera de asegurar la calidad de vida de los uruguayos.
Montes del Plata realizará en Conchillas (Colonia) la inversión más grande en la historia del Uruguay, destinando un total de casi 2 mil millones de dólares al proyecto industrial que se alimentará de madera producida en plantaciones que la empresa posee en nueve departamentos, entre ellos Paysandú.
Aunque en Colonia no hay puentes –afortunadamente-- para cortar y sería poco lógico pensar en el retorno de ese tipo de medidas en los existentes, no se descartan manifestaciones de rechazo por parte de los movimientos asambleístas del litoral argentino. Sin embargo, debemos recordar que el propio gobierno argentino alentó que la española Ence --que luego vendió su paquete accionario a Montes del Plata-- dejara de lado la idea de instalarse en Fray Bentos para mudarse a Conchillas como un lugar “menos conflictivo”.
También existen grupos minoritarios en Uruguay que se oponen a este tipo de proyectos aduciendo eventuales efectos adversos en el medio ambiente. Son voces disonantes que conviene tener en cuenta a la hora de exigir a las autoridades la adopción de estrictos controles y todas las medidas necesarias para minimizar impactos perjudiciales.
En definitiva, que la experiencia que Uruguay ha tenido durante el proceso de instalación y puesta en operación de UPM (ex Botnia) sea capitalizada a favor para tomar de ella lo que ha servido y evitar errores que al final terminan siendo caros para todos.