Opinion | 23 Ene Uruguay aprobó en el 2008 una Ley de Ordenamiento Territorial, que refiere al modelo francés luego instrumentado en varios países, y que brinda un marco formal al desarrollo urbano y rural y hace posible trabajar en forma planificada, donde la preservación y sustentabilidad del medio ambiente están ligados a todas acciones sobre el territorio.
Hasta el momento, el instrumento legal venía siendo utilizado más en el plano del análisis y la elaboración de políticas de largo plazo por el propio gobierno nacional y algunas intendencias, sin visualizarse aún demasiadas concreciones prácticas de su existencia.
No obstante, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, acaba de anunciar que a partir de este año sólo serán autorizadas inversiones que vayan en consonancia con el entorno territorial y los intereses de los habitantes de la zona.
La secretaria de Estado destacó la importancia de la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y destacó los casos de Montevideo y Maldonado, que “gestionaron y llevaron adelante políticas de ordenamiento territorial, previo a la existencia de una ley referida a esa temática”.
Añadió que la discusión en torno a los territorios y su ordenamiento, se da desde el pasado quinquenio sólo en Maldonado y en la capital del país. “En el resto de los departamentos no existió impulso político porque no se comprendía de forma cabal, el alcance del trabajo en esta materia”, dijo.
Las declaraciones de la ministra llaman la atención porque, por un lado, Maldonado es uno de los departamentos que más conflictos ha tenido últimamente por temas de ordenamiento territorial como es el caso de ventas de terrenos y proyectos de grandes construcciones en balnearios. Por otra parte, no son esos dos los únicos departamentos que han trabajado –aunque es verdad que los citados lo hicieron antes-- en la materia, puesto que la anterior administración municipal sanducera inició un proceso de redacción de planes de ordenamiento territorial para la ciudad de Paysandú, Guichón y Quebracho que viene siendo continuado en la actual y que, incluso, ya ha transitado por instancia de audiencia pública.
De todas formas, bueno es que el gobierno nacional asuma públicamente el compromiso de cumplir a rajatabla con las normas de ordenamiento territorial ya que, como todos sabemos, los recursos naturales que el país posee no son infinitos ni, en su mayoría, renovables. Y parte de su protección radica en el uso lógico y ordenado del territorio, así como la prevención de la contaminación y la necesidad de minimizar los impactos de la actividad humana.