Opinion | 23 Ene En reciente edición de EL TELEGRAFO dábamos cuenta de los trabajos enmarcados en el proyecto que encara la empresa local Azucitrus a efectos de reducir las emanaciones de olores desagradables, que son ni más ni menos que las emisiones fétidas –olor como a chiquero, afirma la mayoría de los sanduceros en tren de comparaciones—que resultan del proceso de descomposición de los desechos de la fruta que se procesa en este emprendimiento ubicado a escasa distancia al norte de la planta urbana.
De acuerdo a lo manifestado por el ingeniero químico Carlos Correa, estos hedores “no se han podido evitar hasta ahora, sobre todo en verano”, aunque “se viene mejorando en la planta de tratamiento y en las etapas previas”.
También consideró que “el relevamiento que hacemos indica que hay una menor cantidad de días en que se siente, comparado con el año pasado y los anteriores”.
Lo que está muy bien, porque en la vida todo es relativo, y mejorar en este caso significa afectar algo menos que antes la calidad de vida de los sanduceros. No se trata de cargar las tintas sobre este emprendimiento emblemático del departamento, del que forma parte indisoluble y muy importante en el esquema socioeconómico, sino de poner de relieve en un contexto general como se ha actuado durante mucho tiempo en nuestro país, con tal de poder concretar al menor costo posible emprendimientos de gran importancia, pero sin que a la vez el tratamiento adecuado de los efluentes y otros elementos fundamentales formen parte del costo del proyecto, dejándolo, en el mejor de los casos para “más adelante”.
Otro tanto ha ocurrido con otras industrias, como es además el ejemplo notorio de Paycueros, cuando durante décadas por el trabajo de la fábrica en la zona industrial que ha quedado dentro de la ciudad, se han registrado —todavía ocurre periódicamente—fuertes olores nauseabundos, que afectan en mayor o menor grado según el día, la dirección del viento o la estación del año de que se trate.
Paycueros ha invertido en los últimos años millones de dólares en su planta de tratamiento de efluentes, a la vez que junto a otras fábricas ha volcado dinero, en coordinación con OSE y la Intendencia Departamental, en reconstruir el colector industrial. En esta fábrica, de acuerdo a los técnicos del establecimiento, las instalaciones para depuración de desperdicios, además de la inversión inicial, insumen un costo operativo mensual de unos 50.000 dólares, de los cuales solo 20.000 ya corresponden a la energía eléctrica, lo que da una idea de la magnitud del costo de estas plantas, que modernamente forman parte indisoluble de la ecuación económica de toda inversión.
En estos casos nos encontramos además con que las emanaciones no solo afectan la calidad de vida de los sanduceros, sobre todo de los que residen en las inmediaciones, sino que también, en un Paysandú que aspira a consolidarse como polo de atracción turística a través de su oferta de sol y playa, así como centro náutico, nos encontramos con que en pleno verano estos olores afectan frecuentemente toda la costa, caso del Yacht Club y playas. Es paradójico entonces que mientras el Estado pretende impulsar el YCP como puerto para embarcaciones deportivas de alto valor, durante toda la pasada semana lo pocos argentinos que estaban amarrados allí tuvieron que soportar los “aromas de Paysandú” traídos por un fuerte y atípico viento del Este.
Es cierto, las cosas vienen mal desde su gestación, porque no hubo la planificación, visión suficiente y tal vez tampoco interés en instalar los emprendimientos en una zona específica alejada –de hecho esa era una zona lejana del centro hacia 1940--, eventualmente al sur, para no afectar la ciudad y el río aguas arriba de la ciudad. Pero a esta altura no pueden postergarse correctivos, con intervención de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en coordinación con organismos locales como la Intendencia Departamental, para erradicar definitivamente los problemas que se siguen manifestando, con los plazos e intimaciones correspondientes, pese a las acciones positivas que se estén desarrollando. Es imprescindible entonces detectar las fuentes de malos olores, provengan de la empresa que sea, ver qué se puede hacer para minimizar las emisiones o eventualmente eliminarlas, establecer un programa de erradicación y finalmente hacer responsable económicamente a quien no lo cumpla, porque siempre será más barato seguir como estamos que invertir en revertir la situación. Para detectar las emisiones fétidas no son necesarios costosos aparatos tecnológicos, sino simplemente narices “oficiales” locales, que en los días en que la ciudad o alguna zona se ve inundada por malos olores recorran el sentido inverso a la dirección del viento hasta detectar la fuente. Algo así como en el cuento de Hansel y Gretel, pero mucho más desagradable. De hecho, los vecinos ya saben exactamente de dónde proviene el olor. Pero sobre todo debe ponerse énfasis, sin excepciones, en que los emprendimientos que se instalen en nuestra zona en el futuro respondan a las exigencias medioambientales en vigencia, y con el mínimo o nulo impacto en la calidad de vida en el vecindario, para no estar una y otra vez lamentando que en su momento no se haya hecho lo que se tenía que hacer, y que para enmendar los entuertos --cuando es posible--, haya que invertir diez veces más que lo que se pretendió ahorrar en su momento.