Opinion | 30 Ene Durante el Consejo de Ministros de esta semana la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Musiera, presentó sus planes de trabajo correspondientes al presente año y anunció que los planes ministeriales son brindar 45.000 soluciones habitacionales entre la construcción de viviendas nuevas, créditos hipotecarios, garantías de alquileres, mejoras de viviendas, regularización de asentamientos y regularización de la tenencia notarial o de crédito.
Desde hace un tiempo, más precisamente desde el gobierno anterior, se ha puesto en boga el término “solución habitacional” que en su globalidad suele impactar por las cifras, desde que se habla siempre de miles, pero en realidad estamos ante un eufemismo para presentar una serie de alternativas de acceso o mejora en inmuebles a sectores de la población con dificultades para hacer frente a la erogación que representa construir, comprar o reformar un inmueble, aún en el caso de mejoras de corto alcance.
Si bien la secretaria de Estado por ahora no ha dado más detalles, se infiere que el número de las viviendas nuevas de interés social a construir será muchas veces menor a esta cifra, lo que indica que pese a lo que se haga con la mejor buena voluntad, por este como por otros gobiernos, se estará dejando intacto el déficit habitacional crónico en nuestro país, y a lo sumo, en el mejor de los casos, se podría lograr que la brecha entre oferta y demanda no se ensanche, como ha venido ocurriendo.
Por cierto, durante la Administración Vázquez no se hizo mucho en materia de vivienda y menos aún se construyeron nuevas unidades habitacionales, desde que las prioridades de carácter social se orientaron a programas como el Panes y sucedáneos, con escasa inversión en proporcionar viviendas nuevas a sectores de menor poder adquisitivo, pese a que sí se hizo caudal de que se lograron miles de “soluciones habitacionales”, que pueden pasar desde la regularización a la construcción de un baño, un dormitorio o dividir una construcción.
Ello contrasta con la obra que ha protagonizado Mevir desde su creación, en la década de 1960, desde que el Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural ha significado un proceso de reversión en la campaña, en todos los casos sustituyendo viviendas marginales por pequeñas casas bien terminadas y decorosas, y fundamentalmente, amortizables con cuotas accesibles para que los adjudicatarios estén en condiciones de amortizar la inversión de interés social.
Naturalmente, problemas siguen existiendo y además éstos no se limitan al medio rural, sino que en todo el país hay grandes sectores de la población con serias dificultades para lograr su techo propio o alquilar casas decorosas por el desnivel entre el monto de los alquileres y los ingresos, lo que indica que han resultado insuficientes las acciones que se han desarrollado durante años, a través de diferentes programas, para construir viviendas de interés social.
En el período de gobierno anterior se construyeron muy pocas viviendas, y ello da la pauta de que ha crecido el déficit habitacional, y fundamentalmente se puso el acento en regularización de asentamientos, pero con luces y sombras, desde que se han consolidado también situaciones de construcciones en lugares con escasos servicios o en zonas urbanísticamente inconvenientes, como es notorio el caso del barrio Curupí en Paysandú, ubicado insólitamente a tiro de piedra de la zona turística en la costa y en terrenos inundables.
Paralelamente amplios sectores de la sociedad siguen con serias dificultades para acceder al techo propio, y tampoco han sido solución las viviendas construidas por el sistema cooperativo a través de Fucvam, que reclama más recursos en lugar de los cupos otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de sorteos, a lo que se agregan problemas muy serios en cuanto a la disponibilidad de terrenos para construir.
El panorama por lo tanto dista de ser auspicioso y es explicable que el presidente Mujica ya desde antes de asumir anunciara que se pondría en marcha un Plan Impacto en materia de vivienda, que en principio apuntaba a la construcción masiva de viviendas para sectores de menores recursos ya en los primeros quince días de gobierno, lo que evidentemente no se hizo y aún está en veremos.
Es positivo sí que se haya asumido por el gobierno que regalar viviendas no es ninguna solución y que se requiere una participación activa de los beneficiarios, con un alto grado de esfuerzo para valorar en toda su dimensión la solución habitacional que se les brinda con los aportes de toda la sociedad, pues existen demasiados ejemplos de viviendas regaladas que al poco tiempo se transforman en verdaderas taperas debido a una problemática social aguda que es paralela a las urgencias en materia de acceso a la vivienda, que también requiere soluciones y no solo planes asistenciales.