Opinion | 26 Ene En esferas del gobierno, más o menos disimuladamente, pero ya con manifestaciones que han trascendido y que a esta altura resultan inocultables, se asoma una nueva polémica entre los integrantes “mujiquistas” del equipo económico y el ministro astorista de Economía, Fernando Lorenzo, a partir de la anunciada rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) este año, que formó parte de las promesas formuladas en su momento por el mandatario en la campaña preelectoral.
De acuerdo a lo manifestado por fuentes de la coalición de izquierdas a El Observador, aunque el gobierno decidió mantener el gabinete sin cambios hasta la mitad del año, el ministro Lorenzo y su entorno comenzaron a manifestar preocupación ante la posibilidad de que sea candidato a un relevo después de julio.
El matutino indica que el secretario de Estado fue enterado el viernes que hombres de la Presidencia y del equipo económico manejan especulaciones sobre su eventual relevo, para lo cual manejaron incluso el nombre de dos dirigentes del Frente Líber Seregni. Ocurre que Lorenzo, elegido para el cargo por el vicepresidente Danilo Astori, mantiene diferencias y polémicas con los demás integrantes mujiquistas del equipo económico, que son el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, y el subsecretario Pedro Buonomo, los que se negaron a participar en una presentación empresarial en medio de diferencias por las políticas para lograr mayor equidad.
En lo que tiene que ver con la exposición de visiones, el ministro considera que solo una mejora en la educación permitirá a los sectores de menores ingresos un ascenso laboral, en tanto en el MPP se abre paso la idea de promover un aumento del Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE) del 25% al 30%, a lo que se agregaron diferencias acerca de cómo encarar el conflicto en el BROU.
En este momento, la nueva discusión surge del planteo por la rebaja de dos puntos de IVA, del 22% al 20%, anunciada en la campaña electoral. Lorenzo plantea aplicarla exclusivamente a los más pobres a través de tarjetas Mides y similares, pero desde la Presidencia se impulsa una rebaja generalizada al 18%, complementada con una devolución total para las personas de más bajos ingresos a través de las tarjetas Mides. El punto es que Lorenzo cuenta con un amplio respaldo de Danilo Astori y su sector, que es el sustento de la política económica, y el eventual relevo de Lorenzo le significaría un fuerte dolor de cabeza al gobierno en cuanto al soporte político de los sectores más moderados de la fuerza de gobierno, y también seguramente de buena parte de la opinión pública independiente que en las elecciones de 2009 dio su espaldarazo a este gobierno, pese a las reservas que le merecía José Mujica.
El relevo de un ministro de Economía nunca es un buen síntoma y mucho menos un buen mensaje para la opinión pública, salvo que ocurran eventos traumáticos que generen críticas masivas a su gestión, lo que en este momento no está ocurriendo ni mucho menos.
Por lo tanto es de esperar que estos sacudones internos no pasen de eso y que el gobierno de todos los uruguayos, de los que lo votaron y de los que no, pueda contar con un equipo económico estable y sólido, tanto en nombres como en el derrotero de su gestión.
Por otra parte, actualmente el país está atravesando un período favorable en su economía, al amparo de precios favorables en los mercados para sus principales productos de exportación y hay además intereses internacionales muy bajos, y si bien no se han incorporado a la vez reformas estructurales para la perdurabilidad del esquema, ante la prevalencia de los commodities por sobre la producción de bienes con valor agregado, el reciclaje de recursos ha sido un factor dinamizador de la economía que se aprecia prácticamente en todos los sectores de la población, aunque no en forma uniforme.
Y precisamente una reducción del IVA resultaría beneficiosa para la mejora de la calidad de vida de los uruguayos, sin a la vez perjudicar la recaudación del Estado, por cuanto contribuiría a reducir la brecha entre la comercialización en negro y la formal, que aumenta a medida que crece la presión fiscal, y a la vez fomenta la evasión en todos los órdenes..
Es que toda rebaja fiscal implica reducción de costos para el empresariado y en un régimen de libre competencia, esto significa una reducción en los precios al consumidor. Esto a su vez hace que el informalismo pierda terreno ante la competencia de precios, con beneficios para todos, por lo que es de desear que finalmente se concrete esta medida, y no aparezcan a último momento argumentos sobre “necesidades” de recaudación, para justificar que todo quede como está.