Opinion | 31 Ene De acuerdo a lo manifestado recientemente a EL TELEGRAFO por la representante de los empresarios en el Banco de Previsión Social (BPS), Elvira Domínguez, el organismo se apresta a dar otro perfil al plan de fiscalizaciones del presente año, apuntando por ejemplo a incorporar un mayor número de “operativos rastrillo” para inspeccionar al que está informal en un cien por ciento.
Este es precisamente uno de los aspectos en que durante muchos años --desde siempre, en realidad-- han estado omisos tanto el BPS como otros organismos del Estado, desde que invariablemente las inspecciones se dirigen al empresario que se encuentra registrado ante los organismos previsionales, pero no a cientos y miles de comercios informales diseminados a lo largo y ancho del país.
Y no se trata simplemente del carrito del vendedor de panchos, o del quiosco en la esquina, sino en muchos casos de pequeñas empresas que con el paso de los años se han consolidado en sus actividades al margen de las normas legales como un modus vivendi en un país en el que no existe una cultura extendida del equilibrio de derechos y deberes, y donde quien está omiso en sus aportes no es considerado un infractor sino simplemente como un “travieso” protagonista de una manifestación más de la mal entendida viveza criolla.
Como todos sabemos, la viveza en estos casos es simplemente trasladar a los demás el costo de las omisiones propias, es decir recargar el pago de impuestos, a efectos de sostener la recaudación, en quienes están registrados regularmente y que deben efectuar una doble aportación por esta causa.
Encima, quienes no tributan instituyen una competencia desleal con quienes sí lo hacen, desde que por esta evasión trabajan con menores costos y por ende afectan la economía de los que trabajan en la legalidad, incluyendo a los propios trabajadores de estos establecimientos que se ven afectados por la amenaza del desempleo cuando la economía de las empresas es vulnerada por esta competencia.
Claro, hay un sinfín de situaciones y grados de evasión, y como bien lo expresa la representante de los empresarios en el BPS, se trabaja por ejemplo con la base de información del organismo buscando “al empresario que pagaba por debajo de los laudos del sector”, pero “ahora se va a trabajar más en la búsqueda del informal cien por ciento, porque entendemos que hubo mucha formalización y en esta coyuntura favorable de la economía, como se está viviendo, ya es hora de ir a buscar a aquel que no está contribuyendo con la sociedad”.
El defecto cultural a que nos referíamos en cuanto a la evasión ha sido indudablemente alimentado a través de los años por la falta de inspecciones masivas y sostenidas del BPS, desde que es notorio que si no se desarrolla un trabajo sistemático quien hoy es encontrado en infracción reaparece al poco tiempo en otro lado o le busca la vuelta para seguir trabajando ilegalmente, confiando en que los inspectores tardarán mucho tiempo en reaparecer --si lo hacen-- y esto es precisamente lo que ha ocurrido, en el mejor de los casos.
Es positivo, por lo tanto, que se piense encarar una tarea sólida, con amplio respaldo en las normas vigentes, para inspeccionar, notificar y luego controlar debidamente estas prácticas informales, que no deberían apuntar a castigar como sea a quien así actúa, sino primero a darle la oportunidad de que regularice su situación a través del convencimiento de que es lo mejor que le puede pasar de cara al futuro, desde que se encuentra en una situación que no favorece a nadie, pero menos que nadie al infractor. Por cierto, el informalismo es un mal corrosivo de la economía pero también atenaza al propio protagonista, quien por esta causa no genera causal jubilatoria por falta de aportes, ni tiene a sus dependientes en regla –generalmente integrantes de su propia familia—, tampoco percibe beneficios sociales y por añadidura no paga IVA ni otros impuestos y por lo tanto recarga sobre los demás la carga fiscal a efectos de sostener el funcionamiento del Estado.
Las acciones que se desarrollen por el BPS, en este caso, pero con acciones similares por otros organismos, forman parte de la respuesta que debe tener el Estado en esta problemática, y esta coyuntura favorable desde el punto de vista económico podría ser un buen punto de partida para promover la regularización masiva, a través de los instrumentos que otorga la normativa vigente, para generar por fin un esquema autosustentable de formalismo en el tejido socioeconómico del país, para beneficio general.