Opinion | 01 Feb Hace seis meses el Poder Ejecutivo efectuó el lanzamiento del denominado Consejo Sectorial de Energías Renovables, presidido por el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, con el objetivo de promover acciones para aprovechar al máximo la potencialidad de la energía solar y eólica, así como la producción de biomasa y combustibles con granos oleaginosos como la soja.
El secretario de Estado subrayó en la oportunidad que el país gasta mucha electricidad en calentamiento de agua, lo que ha sido determinante para que se busque aprovechar al máximo posible el potencial que tiene en el Uruguay la energía solar térmica, y además se manifestó optimista respecto a que la integración del Consejo Sectorial de Energías Renovables permita acelerar el crecimiento de la oferta de estas fuentes de generación en el corto plazo.
En realidad no hay nada nuevo bajo el sol en materia del uso de energías renovables, por lo que las acciones de este grupo de trabajo creado a mediados del año pasado deberían enmarcarse en crear las condiciones para que haya conciencia general al respecto, pero a la vez promoviendo instrumentos para poder llegar a este objetivo, que naturalmente se enmarcan en los lineamientos que han puesto de relieve los sucesivos gobiernos, aunque sin un derrotero de mediano y largo plazo trazado en base a políticas de Estado. Es positivo que el Poder Ejecutivo haya reafirmado la meta de llegar al año 2015 con 500 megavatios de electricidad en base a energías renovables en nuestra matriz energética, lo que no es poco decir para un país que hasta no hace mucho ignoraba olímpicamente otras fuentes de energía al margen del esquema tradicional de electricidad y petróleo, que hace muy pocos años incorporó el gas natural a la matriz, y al que ha utilizado solo parcialmente, en parte debido a precios pero asimismo en buena medida por la poca confiabilidad de la Argentina, que es la que suministra el energético.
El loable objetivo de aumentar significativamente la participación de las energías renovables no fue acompañado por muchos años de acciones concretas para hacerlo realidad, producto de una inercia muy propia de nuestra idiosincrasia, y en el caso de EL TELEGRAFO hemos bregado desde hace ya una década, por lo menos, en favor de la incorporación del biodiesel a nuestra matriz energética.
Al respecto siempre consideramos que este biocombustible significará un factor altamente positivo a efectos de reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles, permitiendo reciclar recursos dentro de fronteras, al tiempo que es de muy fácil obtención en base a cualquier aceite vegetal –no tiene por qué ser de soja o girasol, que están bastante sobrevaluados actualmente—. Por otra parte, nuestro parque automotor está fuertemente “dieselizado”, y no es malo que eso suceda, porque los vehículos diesel son mucho más eficientes que los que funcionan a nafta o alcohol, y precisamente lo que necesita un país que importa casi todo el combustible que consume –eso seguirá ocurriendo aún cuando ALUR produzca al 100%--, es que se utilicen los motores más eficientes posible.
A través de la Ley de Biocombustibles se ha establecido un marco legal que tiende a ese objetivo, felizmente, y es así que ya se está elaborando biodiesel para Ancap, a efectos de su mezcla en porcentajes que irán creciendo hasta por lo menos el 5 por ciento, pero es fácilmente utilizable en porcentajes mucho mayores si se cuenta con un volumen de producción que así lo permita.
R$especto a la generación de electricidad, pese a que los enunciados respecto a llegar al 2015 con un 50 por ciento a partir de fuentes renovables son plenamente compartibles, no puede perderse de vista que las decisiones políticas del gobierno central en este sentido no habían sido acompañadas por una acción en sintonía de organismos como UTE, donde incluso se ha desalentado a potenciales inversores en generación a partir de biomasa.
En los últimos meses se ha percibido un cambio en esta postura por UTE, y se han generado algunas licitaciones y adjudicaciones de energía eólica y biomasa en una magnitud ya algo más significativa, con buenas perspectivas de consolidación en el corto y mediano plazo, que permiten percibir con algo más de optimismo las posibilidades de por lo menos acercarse a la meta de 500 megavatios de generación con energías renovables para fines de 2015.
Pero no puede obviarse que se ha perdido mucho tiempo y dinero en todos estos años, porque se ha debido generar mediante petróleo y comprado electricidad a países vecinos, que nos la venden a precio de oro y a la vez siempre con el factor adicional de la dependencia.
Es de esperar que la tarea del Consejo Sectorial, enmarcada en acciones firmes del Poder Ejecutivo, derive en acuerdos para incorporar políticas de Estado que permitan sustentabilidad en las acciones que se han puesto en marcha para recomponer vacíos y omisiones en el área energética, en un tema del que mucho se habla pero que ha estado vacío de logros durante mucho tiempo.