Opinion | 02 Feb Ha sido incluido en el Presupuesto Quinquenal un artículo por el que se promueven estudios con vistas a la eventual creación de un nuevo Frigorífico Nacional, como ente testigo, con el objetivo de “transparentar” la cadena cárnica, lo que además en su momento fue incluido en el programa del partido de gobierno a instancias de la propuesta formulada por el Partido Comunista, junto a pequeños sectores de la coalición de izquierdas.
Todo indica que esta inclusión se enmarcó en una concesión a los grupos marxistas, aferrados a su tesis de la necesidad de la omnipresencia del Estado, pero que los sectores moderados de la fuerza de gobierno distan de estar apoyando esta postura, y mucho menos luego de tener ya experiencia de más de un quinquenio en la conducción del país y enfrentarse a la burocracia del Estado.
El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Luis Alfredo Fratti, en declaraciones a El País, dijo que no apoya la creación de un Frigorífico Nacional porque le costaría miles de dólares al país y que los datos que pretende controlar ya están disponibles para la cadena cárnica.
La idea de crear un Frigorífico Nacional (de propiedad del Estado), como un ente testigo, fue impulsada hace años por el presidente de la República, José Mujica, cuando era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero actualmente el mandatario no tiene este entusiasmo.
En la Ley de Presupuesto ya aprobada, si bien se formuló esta concesión y se estableció un artículo reflotando este tema, básicamente se estableció la creación de una comisión especial para estudiar esta posibilidad, es decir condicionando posibilidades proyecto a los resultados de un estudio fehaciente respecto a este tema, sobre el que naturalmente hay por lo menos visiones encontradas en el propio gobierno.
“Honestamente no le veo viabilidad a la creación de un Frigorífico Nacional. No descartaría la posibilidad de recorrer el camino de una empresa mixta, pero un Frigorífico Nacional, con la alta especialización que tiene la industria frigorífica hoy, demandaría una inversión altísima para el país, sin un resultado efectivo”, estimó por ejemplo Luis Alfredo Fratti, y según la visión del jerarca, para contar con un frigorífico estatal que pueda usarse como testigo, “la empresa debería tener un porcentaje importante de la faena. Eso demandaría una inversión altísima que pagaríamos todos los uruguayos, con un resultado que no pagaría el esfuerzo”.
Aseguró además que un Frigorífico Nacional no es lo mismo que una empresa privada, “donde está comprometido el patrimonio propio de cada uno de los empresarios, a una empresa cuyo dueño no tiene cara (porque sería del Estado)”, y no descartó la posibilidad de ir hacia “un proceso de frigoríficos mixtos o cooperativas”. De todas formas dijo que no ve la necesidad de crear una “empresa testigo”, porque los datos que se pretenden recabar ya los tiene el INAC. “Si queremos saber a cuánto se vende la carne en el exterior o cuáles son los costos de la operativa industrial, esos datos ya están (son aportados por las empresas al INAC). ¿El Frigorífico Nacional va a pagar mejor los ganados?”, se preguntó el jerarca.
Por supuesto que no –a menos los impulsores pretendan que se “subsidie” la ganadería--, pero mucho menos aún va a cumplir mínimamente con los objetivos establecidos como base para fundamentar la creación de esa Comisión Especial de análisis, porque esta mala experiencia ya la vivimos el siglo pasado con este mismo frigorífico, que se convirtió en otro barril sin fondo al que fueron a parar los impuestos de todos los uruguayos. Peor aún, jamás logró cumplir su objetivo de “ente testigo”, por cuanto por sus costos operativos exacerbados, su ineficiencia y deficiente gestión, ni siquiera competía con las empresas privadas, por lo que finalmente se optó por liquidarlo como fuera para no seguir acumulando pérdidas.
Lo mismo ocurrió en su momento con otro ente testigo, el SOYP, en el área de la pesca, que padeció de los mismos defectos que el frigorífico y que resultó insostenible ante un Estado metido a (mal) empresario, como es todavía el caso de AFE, el de Antel, de UTE y de OSE, que se sostienen solo porque son protegidos por monopolios que les permiten funcionar como sea, al aplicar tarifas caras que igualmente no quedan al desnudo en sus sobrecostos porque no hay actor privado que esté autorizado a competir. La excepción es el cemento portland, donde ahí sí Ancap enfrenta competencia y tiene enormes pérdidas año a año que debemos pagarlas todos los uruguayos con mayores precios en los combustibles, en este caso sí monopólicos..
La Comisión Especial a la que refiere el Presupuesto seguramente tendrá en cuenta estas experiencias para dar un entierro de lujo a la trasnochada iniciativa, pero su inclusión da la pauta de que todavía hay resabios de ideologías que probadamente han dado muestras de su fracaso e inviabilidad, y que al menor descuido pretenderán en base a eslóganes retrotraernos a los tiempos de los facilismos y voluntarismos que son pan para hoy y hambre para mañana.