Opinion | 03 Feb La idea de que el crecimiento económico que beneficia al país al amparo de la exportación de materias primas –commodities—a muy buenos precios en los mercados internacionales está mal distribuido, y que la mejora no se nota en los sectores de menores ingresos, ha generado una creciente presión sobre todo de determinados sectores de la coalición de gobierno a efectos de que se instrumenten acciones concretas para hacer realidad una mejor distribución de la riqueza, aunque hay contradicciones respecto a la mejor forma de hacerlo.
Los más radicales promueven una intervención directa del Estado a través de medidas asistencialistas –las que probadamente no resultan sustentables y su efecto desaparece cuando se deja de prestarlas— y a la vez demandan una mayor presión tributaria sobre los supuestos beneficiarios de la bonanza, sobre todos los exportadores, de forma de retenerle parte de los ingresos y diseñar algún esquema de redistribución.
Pero debemos tener presente que el Estado es un mal administrador y que su esquema burocrático no es un buen instrumento de redistribución, y que a la vez hay criterios políticos que en teoría deberían administrarse para que estos recursos que se detraen a toda la sociedad puedan tener el destino específico, siempre loable, de mejorar la situación de los que menos tienen, aún cuando no se tengan en cuenta las reales causas por las que estos sectores se encuentran esta situación.
Ello es así porque difícilmente se tengan elementos de juicio e instrumentos válidos para discernir quién realmente está interesado en mejorar a través de hábitos de trabajo e inserción, o quiénes prefieren ya sea por cultura, por formación en determinados valores o falta de aspiraciones, seguir como están y con la mano tendida a la espera de que todo les caiga del cielo, como se ha hecho a través de programas como el Panes y similares. A la vez el presidente José Mujica, objeto de las presiones de sus compañeros de partido en uno y otro sentido, advirtió a los más impacientes que debe tenerse cuidado en “no matar a la gallina de los huevos de oro”, es decir desestimular la inversión y la instalación de emprendimientos productivos y de servicios mediante una presión fiscal exacerbada, por lo que el Poder Ejecutivo, la coalición de gobierno en su conjunto, debe hilar muy fino a la hora de determinar objetivos y la forma en que podrían obtenerse sin incorporar elementos distorsionantes y “toqueteos” en la conducción económica, como acotara el mandatario. En esto podemos tener ejemplos muy cercanos en Argentina, uno de los mayores exportadores de granos del mundo debido a la calidad de sus tierras y el clima óptimo para la producción, así como el principal exportador de inversores, que buscan en Uruguay y otros países escapar de la voracidad sin límites del Estado argentino. Y debemos recordar que mucho de nuestro crecimiento se lo debemos precisamente a las “políticas sociales” de “distribución de la riqueza” llevadas adelante por el gobierno de los Kirchner. Por otra parte ha sido traído a colación en el inicio del segundo año de gobierno que la rebaja tributaria ocupará este año buena parte de los desvelos del Ministerio de Economía y Finanzas, a cuyos efectos deberán procesarse las diferencias internas, teniendo presente la promesa electoral de bajar dos puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), situado actualmente en el 22 por ciento, mientras en la interna se discute cómo distribuir mejor la riqueza.
Por ahora se afianza la tesis de evitar una rebaja lineal al 20 por ciento, y sustituirla por una fórmula parecida a la que rige para los restaurantes, donde se otorgan descuentos a los que compran con tarjeta, pero no con menos fuerza se levanta la tesis de devolver el IVA a los sectores de menores ingresos por la compra de productos de primera necesidad. No puede obviarse que el IVA, que es el principal impuesto recaudador, es demasiado alto en nuestro país y que afecta al consumo en todas las franjas de la sociedad, pero también la producción de bienes y servicios, desde que su aplicación “infla” costos y significa un elemento inflacionario y regresivo para la actividad económica, a la vez de alentar la evasión, desde que cuanto más alto es el impuesto, resulta más negocio evadir en un país donde los controles y la cultura de pagar impuestos brilla por su ausencia.
Ahora, cuando está primando la idea de promover una mejor redistribución de los ingresos, que seguramente todos compartimos, debe tenerse presente que muchos caminos conducen a Roma, pero sobre todo que no corresponde alentar el ocio a través de políticas asistencialistas que probadamente han fracasado, y que a la vez, el apuro por lograr los objetivos puede hacer fracasar rotundamente todo lo que se busque con las mejores intenciones. A modo de ejemplo, con esta medida es evidente que muy pocos “lograrán superar” su situación de pobreza, puesto que de hacerlo deberán hacer frente a una “inflación” muy alta.
El intento redistributivo, que puede confundirse muy fácilmente con prácticas voluntaristas, debe enmarcarse ponderando acciones en el corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo sin perder de vista que nuestra supuesta bonanza económica está prendida con alfileres, porque surge del hecho de que nos favorece la coyuntura internacional desde hace varios años, la que no va a durar siempre. Y si la “redistribución” no se hace sobre bases firmes, con sustentabilidad, como la inserción laboral de los más afectados, con una mejora en la educación y en la creación de puestos de trabajo genuinos, en la mejora del gasto público para no seguir recargando a la producción para sostener al Estado, seguiremos dando vueltas en la noria, sin soluciones reales y quedando además con nuestra acostumbrada vulnerabilidad ante las crisis y los avatares internacionales.