Opinion | 06 Feb Es notorio que especialmente en países como Uruguay, donde son muy pocas las grandes empresas, el desenvolvimiento de los pequeños y medianos emprendimientos empresariales es un factor de dinamización de la economía, y por lo tanto de su buena salud depende en gran medida la evolución del tramado socioeconómico del país, si tenemos presente además que son también los mayores proveedores de empleo.
Las estadísticas indican que cerca del noventa por ciento de las empresas uruguayas puede encasillarse en la categoría de PYME, que en este tejido son sustento del esquema en las áreas industrial, comercial y de servicios, con una gran heterogeneidad sí, pero también con el común denominador de problemas que datan desde hace muchos años y que son intrínsecos a su propia pequeñez.
Ocurre que en un país con dificultades en el empleo, pese a que las estadísticas indiquen que actualmente estamos en los máximos históricos de ocupación, las pequeñas empresas e incuso las micro del tipo unipersonal han sido la respuesta que se ha encontrado en el escenario socioeconómico para abatir estas dificultades, con muchos cuentapropistas que en muchos casos han debido forjarse su propio trabajo en base a la experiencia de salir al ruedo obligados por las circunstancias y con escasa o nula formación en oficios, pero haciendo de la práctica su escuela de trabajo, con el consecuente pago de derecho de piso y un sinnúmero de dificultades para poder competir.
Tenemos además como uno de los déficit notorios en el caso de buena parte de las microempresas, la falta de capacitación en la gestión, desde que el artesano, el herrero, el carpintero, en su emprendimiento generalmente de carácter familiar, debe desdoblarse de tareas propias de su oficio para encargarse de llevar adelante la parte empresarial, que le exige conocimientos en cuanto a gestiones ante determinados organismos e incluso otras empresas, distrayendo gran tiempo de su actividad específica, y no siempre con buenos resultados.
Una respuesta necesaria en esta problemática sería contar con instrumentos de capacitación y asesoramiento, que podría proveer el mismo Estado a través de organismos como la Dinapyme, (Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas), pero a la vez con el apoyo de estos beneficiarios organizados debidamente en asociaciones que los sustraigan del aislamiento y consecuentemente de su desventaja respecto a emprendimientos de mayor tamaño, que tienen otras posibilidades para desenvolverse.
En algún momento han funcionado incubadoras de empresas, para quienes comenzaron sus actividades en determinadas áreas, al compartir elementos e instrumentos de trabajo para abatir costos, pero esta posibilidad siempre ha tenido carácter limitado y representa solo una alternativa para dar los primeros pasos, pero no para encaminar decididamente la gestión de los pequeños emprendimientos que sin duda recién pueden hacerse sostenibles tras los avatares del bautismo de fuego.
Lamentablemente, el común denominador de estos emprendimientos familiares o de tres, cuatro o cinco dependientes suele ser el trabajo total o parcialmente en negro, lo que por supuesto es un elemento negativo para los propios involucrados, desde que se hace al margen de los organismos previsionales, sin los correspondientes aportes y también sin contar con derechos en seguridad social como la pasividad y el acceso a la salud, a la vez de retacearse a la propia comunidad la contribución a solventar los gastos y funcionamiento del Estado.
Si bien en varias administraciones de gobierno, incluyendo la actual, se han desarrollado intentos por regularizar la situación de quienes así se desenvuelven en sus actividades laborales, a través de campañas de concientización y en menor medida de fiscalización, incluyendo modificaciones en los requisitos para la formalización del registro ante el Banco de Previsión Social mediante instrumentos como el monotributo y otras facilidades, existen todavía amplios sectores de estas microempresas que se debaten en el submundo del trabajo en negro, para su perjuicio y también de la propia comunidad, tanto de los que sufren directamente la competencia desleal cuando trabajan legalmente como en el de los otros ciudadanos que cumplen regularmente con sus obligaciones en tributación y cargas sociales. Es un tema complejo, de difícil solución, que va directamente al corazón de una problemática social que se realimenta de la actividad en negro, pero es hora de apelar a la imaginación y creatividad para mejorar y diseñar instrumentos, al convencimiento y a la fiscalización, para superar una manifestación más de la cultura del más o menos y del todo vale, con la que nos perjudicamos todos.