Opinion | 17 Feb Recientemente, en una de sus acostumbradas reflexiones de prensa en las que introduce conceptos como motivos de discusión pública, el presidente José Mujica consideró que a esta altura debería evaluarse el “topear” en dos el número de las plantas de celulosa a instalarse en el país, y poner el énfasis en diversificar la actividad agropecuaria dando más lugar a la ganadería y la lechería, entre otras explotaciones.
Si tomamos al pie de la letra lo señalado por el mandatario, tendríamos que a nivel del gobierno habría opinión formada de que no se otorgarían más autorizaciones para instalar plantas de celulosa en el Uruguay una vez se construya la segunda, la de Montes del Plata, en Conchillas, por cuanto no se considera que estos emprendimientos resulten prioritarios para generar riqueza en el país, al existir otras alternativas.
La visión del presidente en realidad coincide con argumentos que hemos vertido a través de esta misma página editorial, en el sentido de que la exportación de madera sin procesar, o apenas con cierto valor agregado, como la pasta de celulosa, los rolos, los chips, son o deberían ser, por lo menos, una primera etapa en la cadena industrial que conllevan los emprendimientos forestales, y que a esta altura ya deberíamos haber ingresado decididamente en esta instancia más avanzada y que más le sirve al país. Por otra parte, el aporte a la sociedad se hace aún más relativo cuando estos mega emprendimientos se establecen en zonas francas, por lo que en los hechos Uruguay ni siquiera exporta celulosa, sino rolos de madera hacia estos espacios liberados.
Corresponde tener presente que desde la irrupción del sector maderero como fuente de exportación, en un país que no tenía árboles, y que gradualmente en los últimos veinte años ha pasado a contar con cerca de 800.000 hectáreas forestadas, se ha ido integrando una infraestructura consecuente en apoyo del desenvolvimiento de una actividad que no ha concitado unanimidades, con opiniones que han sido críticas en cuanto a la afectación del ecosistema, pero que como todo emprendimiento productivo e industrial, debe evaluarse en el contexto de la relación costo-beneficio.
Debe reconocerse que la incorporación de infraestructura, y el propio desenvolvimiento de la actividad forestal han tenido un derrame muy beneficioso en un país en el que hay un antes y un después de la Ley de Forestación aprobada sobre fines de 1980, y que hasta ahora ha sido la única manifestación de una política de Estado vigente en el Uruguay, porque ha sido a la vez sostenida por los sucesivos gobiernos, incluyendo a la coalición de izquierdas que en su momento cuestionó la norma.
A esta altura nadie puede dudar que las implantaciones forestales se han constituido en una riqueza del país, que estas fábricas fueron el puntapié inicial que puso a Uruguay en el mapa cuando la producción agropecuaria tradicional no contaba con el beneficio internacional con que hoy cuenta, y que precisamente el gran tema pendiente es incorporarle un mayor porcentaje de valor agregado a esta materia prima. Estos árboles crecen aceleradamente por estas latitudes, favorecidos por el suelo y el clima, contrariamente a lo que ocurre en otras regiones del mundo donde se tarda no menos de medio siglo en obtener los bosques explotables que en Uruguay no tardan más de quince o veinte años.
Como ocurre con todo emprendimiento, las empresas forestales buscan rentabilidad legítima para sus inversiones, pero no necesariamente la fuente de esa rentabilidad coincide con los intereses del país, que debe adecuar la normativa al interés general y eventualmente irle introduciendo correctivos.
Seguramente en esta línea se encaminan las reflexiones de Mujica, y corresponden a un país soberano, que debe tener líneas estratégicas a seguir en cuanto al desarrollo que entiende se encuadra en la necesaria sustentabilidad de cara al futuro. Así, el valor agregado está planteado como el gran desafío pero sobre todo como un imperativo para el país, porque todavía se cuentan con los dedos de la mano las industrias que integran la cadena de valor de esta materia prima, es decir aserraderos de la zona y plantas de fabricación de tableros en Tacuarembó, con el agregado marginal de algunas usinas generadoras de electricidad en base a residuos forestales.
Más aún, la alta demanda de materia prima por la planta de celulosa ya en funcionamiento y la que comenzará a instalarse en breve determinan que prácticamente toda se vuelque a ese destino, incluyendo árboles de muy buen tamaño para aserrado y la industria del mueble, que es lo mismo que utilizar carne de exportación para hacer conserva.
Y cuando recién se ha alcanzado un tercio de la capacidad de forestación del país, que es de unos tres millones de hectáreas, es bueno, al mismo tiempo que se preserve el esquema de reglas de juego para la inversión, establecer lineamientos y ajustar normas para estimular la instalación de eslabones en la cadena de valor agregado para la madera en la medida que obre como factor multiplicador de riqueza y trabajo dentro de fronteras, antes que seguir exportando materia prima para que otros lo hagan en su beneficio.