Nacionales | 17 Feb Freno a propuesta del MPP
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, le puso el freno a la propuesta del Movimiento de Participación Popular de aumentar el gravamen a la renta empresarial, además de pronunciarse en contra de impuestos a las exportaciones. Consigna El País que Lorenzo analizó esta semana las iniciativas en materia impositiva que han surgido en el Frente Amplio.
El ministro habló de las “consecuencias en la inversión” que tendría un aumento del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE). Estas afirmaciones fueron en respuesta al MPP, sector que conformó una comisión para analizar cambios al sistema tributario y una de las propuestas es aumentar el IRAE del 25% al 30% para aquellas empresas que tengan grandes utilidades. El MPP considera que tomar una medida de ese tipo tendría un alto impacto redistributivo y afirman que no es “alocado” ya que Uruguay tiene una tasa baja en ese impuesto. Lorenzo explicó que estar a un nivel más bajo que otros países en ese tipo de tributación “le sirve” a Uruguay, y así lo demuestran las cifras de inversión que van en aumento. También rechazó “de plano” la posibilidad de aplicar detracciones a las exportaciones, propuesta por el Partido Comunista.
Los dichos del presidente José Mujica --“el gobierno soy yo y el ministro de Economía”-- fueron valorados como “un respaldo explícito” a la gestión de Lorenzo. El ministro dijo que tiene una “tranquilidad absoluta” e incluso contó que ha mantenido largas charla con Mujica y cree tener su “absoluta confianza”.
Custionan pedido de desafuero
Obviamente, los blancos no están nada contentos con el pedido de desafuero del diputado Carmelo Vidalín y están preocupados por el proceder de la Justicia. En una reunión de Unidad Nacional, Vidalín presentó, a pedido de Luis Alberto Lacalle, un informe sobre el pedido de desafuero ante denuncias por presuntas irregularidades cuando era intendente de Durazno.
Según informó Últimas Noticias, el informe de Vidalín causó preocupación por el procedimiento judicial, motivo por el que los legisladores del sector quieren conocer el expediente. Según indicaron legisladores herreristas, el procedimiento judicial fue cuestionado durante la reunión, al punto de dejar en segundo plano que la denuncia fuera presentada por Presidencia de la República días antes de la elección de 2009.
“Nos preocupó que la fiscal pide el procesamiento de Vidalín como ex presidente de un comité departamental de emergencia, pero con el resto de los integrantes no tomó ninguna medida, siendo que las decisiones las tomaban entre todos”, dijo la diputada Ana Lía Piñeyrúa. “Hay además aspectos alarmantes. Me preocupa que la fiscal pida procesamiento, el juez no se pronuncie y dé trámite al desafuero. No es la primera vez que sucede y me parece que no es un procedimiento acorde a derecho”, agregó. El diputado Gustavo Borsari, por su parte, afirmó que el informe de Vidalín dio cuenta de “la injusticia de esta solicitud” de desafuero. “Parece mentira que con la cristalinidad con la que se actuó, se pida un procesamiento absolutamente fuera de lugar porque faltaron unas lonas, que obviamente fueron hurtadas, pero lo que no quiere decir que haya responsabilidad del comité”, acotó.
Archivaron denuncia
Y hablando de denuncias, uno que zafó fue el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa. El matutino anteriormetne mencionado informó que el juez especializado en Crimen Organizado de 1° Turno, Jorge Díaz, archivó la denuncia por supuestas declaraciones realizadas a Rocío Villamil, una ciudadana de Rivera que le reclamó a Cánepa que fueran investigadas las bocas de pasta base de esa ciudad. Según Villamil, Cánepa declaró que las bocas de pasta base no serían investigadas porque se generaría “desempleo”. La fiscal Mónica Ferrero explicó que el delito que podría imputársele a Cánepa, en el caso que hubiera ordenado a funcionarios del Ministerio del Interior no investigar las bocas de pasta base, no es de competencia de la Justicia de crimen organizado.
Controversia
El pasaje de mil militares al Ministerio del Interior para cumplir tareas de vigilancia en las calles como policías generó controversia. Si bien los soldados que pasarán al Interior recibirán una capacitación en la Escuela de Policía, para el senador colorado Tabaré Viera, “los soldados no están preparados para hacer tareas de policía porque ese no es su lugar”. Además, señaló a Observa sobre el riesgo de incluir a las Fuerzas Armadas en tareas de patrullaje: “Es ponernos ante un riesgo que hasta el momento no estaba presente”. Por su parte, el senador oficialista Jorge Saravia dijo al mismo medio que los soldados “están más que capacitados” para cumplir este tipo de tareas. “Yo era de la idea de que las Fuerza Armadas realizaran misiones de paz internas, como se hacen en el Congo o en Haití. Allí los militares uruguayos son felicitados por la seguridad que brindan. Han tenido que desarticular grupos guerrilleros, en contextos muy violentos, sin hacer un solo disparo”, dijo.