Opinion | 12 Feb El déficit habitacional de nuestro país es, desde hace décadas, un problema sin solución. Durante la Administración Vázquez, lejos de tender a revertirse el desfasaje entre la oferta y la demanda, la brecha aumentó, simplemente porque durante ese período no se construyeron viviendas y entre las “soluciones habitacionales” que se contaron por miles, de acuerdo a los anuncios, en realidad se han tenido en cuenta hasta obras mínimas como aportes para terminar baños, conexiones de servicios, veredas, entre otras posibilidades, así como acondicionamientos de fachadas y algunas obras menores, que no significan aumento del stock habitacional.
Cuando existen desfasajes, se genera distorsión en el mercado, ya que se descontrola el equilibrio entre oferta y demanda, y éste es precisamente el factor que se manifiesta desde hace muchos años, por cuanto es notorio que existe un mercado con marcada distorsión en materia de vivienda de interés social, es decir que la situación perjudica a los grupos sociales de menores ingresos.
Ocurre que este desfasaje no se generó de la noche a la mañana, sino que durante muchos años se “toqueteó” el mercado de vivienda a través de una Ley de Alquileres que pretendió proteger a la parte más débil, es decir el inquilino, quien prácticamente podía quedarse años y años en una vivienda, mientras ésta se iba deteriorando, protegido por el Estado y a la vez afectando al propietario que no podía tener libre disponibilidad de su propiedad.
En suma, una norma pensada con la mejor intención logró el efecto inverso, es decir que desalentó la inversión inmobiliaria por falta de rentabilidad, y lo que se logró fue que el capital que se volcaba al sector inmobiliario se fuera hacia otros destinos en procura de retorno, lo que redujo drásticamente la oferta de construcciones para alquilar.
Los cambios en la ley que se introdujeron a partir de la década del 70, que buscaron equilibrio entre deberes y derechos en el sector de arrendamientos, llegó igualmente tarde, y la intervención del Estado en planes de vivienda, incluyendo las subsidiadas en su totalidad, que se entregaban sin contrapartida a grupos más vulnerables de la sociedad, así como la concreción de programas cooperativos, no han logrado equilibrar el déficit habitacional, que como es sabido se logra con más viviendas que permitan distender el mercado,
Este escenario que se repite en todo el país incluye a Paysandú, donde además se han construido miles de viviendas a través del sistema de ayuda mutua y complejos habitacionales con participación directa del Estado o por promotores privados, pero han sido soluciones parciales al fin y al cabo, porque subsiste el déficit habitacional sobre todo en lo que refiere a la oferta para estratos bajos o medio bajos en cuanto a poder adquisitivo.
Es que para ingresos medios de la población --ni qué decir para los de menores salarios-- el construir por su cuenta se torna poco menos que imposible, si se considera que primero hay que contar con disponibilidad de terrenos y créditos a largo plazo, de 25 o 30 años, para más o menos atender la capacidad de repago de los interesados en llegar por esta vía a la solución habitacional, en tanto el sistema cooperativo y los planes oficiales no alcancen el volumen ni la agilidad necesaria para tender a revertir en un plazo razonable la brecha a la que nos referimos.
Pero no se trata solo de contar con mayor número de viviendas nuevas de interés social, que sería lo ideal, sino también de promover alternativas de recuperación para construcciones de muchos años que podrían tener subdivisiones con una sensible mejora en su capacidad, a efectos de albergar varias familias, y a la vez aportar desde el punto de vista urbanístico.
Es cierto, a veces una reconstrucción puede resultar más cara que construir una vivienda nueva, pero se cuenta con la ventaja de estar emplazadas en zonas a las que llegan todos los servicios y no es necesario comprar terrenos, por lo que desde el punto de vista del ordenamiento territorial y de costos a futuro puede resultar ventajosa esta alternativa, entre otras posibilidades en las que es preciso en todos los casos contar con líneas especiales de crédito.
En este contexto también debe considerarse positiva la puesta en marcha en Paysandú, por acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y la Intendencia Departamental, del denominado Programa de Rehabilitación Urbana, que propende en la primera etapa a promover que personas de ingresos de entre 14.000 y 38.000 pesos accedan a créditos para mejorar sus viviendas, dentro del casco urbano, generando a la vez un fondo rotatorio para seguir reciclando dinero con este objetivo.
Es un plan modesto en sus alcances, teniendo en cuenta que se distribuirán unos dos millones de pesos en dos partidas anuales, pero es parte de la diversidad de acciones coincidentes que deben intentarse desde varios ángulos para iniciar un proceso de reversión de un panorama preocupante, estableciendo y haciendo cumplir condiciones y compromisos para el retorno de los subsidios a la sociedad, que no pueden ser un regalo sino un instrumento para un fin específico, que debe cesar una vez logrado.