Opinion | 16 Feb En las últimas horas la Cámara de Diputados discutió el destino de recursos generados por ahorros (mejor dicho, por no haber gastado) en la no provisión de vacantes entre el funcionariado de esta rama legislativa, surgiendo que muy pocos diputados se opusieron a que se repartiera entre los funcionarios activos el 25% de los recursos previstos para pagar sueldos de cargos vacantes en la Cámara Baja.
Consultado por el programa En Perspectiva, de El Espectador, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, uno de los que votó en contra, fundamentó su postura diciendo que el organismo debería evaluar si las vacantes deben ser llenadas y, en caso de considerarlas necesarias, “lo que corresponde es que mientras no sean llenadas los dineros pasen a Rentas Generales, como está establecido”. El diputado evaluó que el encargado de darle destino a estos recursos es el Poder Ejecutivo y que para modificar esta situación “debería haber cambios en materia constitucional”, aunque confesó que “si usted me pregunta si pienso que algo va a cambiar, yo creo que no”.
El legislador ha sido realista, y tal vez haya influido para esta postura el hecho de que sea integrante de un partido minoritario, que consideró pertinente dejar sentada su posición ante amiguismos e intentos de “quedar bien” de muchos legisladores que no parecen tener mucha conciencia, o no les interesa disponer con sentido común y criteriosamente el destino del dinero que pagamos todos los uruguayos para sus salarios y el funcionamiento del Parlamento, que incluye el pago a los funcionarios.
Ocurre que estos funcionarios son posiblemente los mejor pagos dentro de todo el Estado, lo que no es poco decir, con salarios que van desde casi cien mil pesos a un mínimo de más de treinta mil pesos, por lo que están dentro del grupo de privilegiados en el propio ámbito estatal, a costas del bolsillo de todos quienes –como podemos-- sacamos dinero de nuestros bolsillos para hacer frente a impuestos y cargas sociales para sostener al Estado.
Y si bien en su momento la presidenta de la Cámara de Diputados, Ivonne Passada, anunció la presentación de un proyecto de ley para que el dinero que ahorra el Parlamento por gastos presupuestados que no realiza, pueda ser destinado a financiar programas sociales del gobierno como el Plan Juntos, que promueve soluciones habitacionales para las familias más pobres, primero había propuesto que este dinero fuera para los funcionarios. Se trata de unos 24.000 pesos por cabeza por año, que irán a engrosar las jugosas retribuciones de funcionarios que, junto a los del Banco Central y otras dependencias, son parte de la élite estatal de los mejor pagos.
Y nos imaginamos que con toda razón, cuando los legisladores tratan con tanto desprecio el dinero que surge del esfuerzo de cada uno, los cientos de miles de trabajadores de la actividad privada, dependientes y cuentapropistas, que deben luchar a diario, sin inamovilidad, sin condiciones benignas de trabajo, para obtener ingresos más o menos decorosos, deben sentirse burlados y estafados por representantes que no los tienen en cuenta a la hora de las decisiones, como si el dinero que manejan brotara de las piedras.
En tanto, en el Partido Nacional ya han surgido diferencias al respecto, y el diputado Javier García votó en contra de este proyecto. Manifestó que lo hizo por “coherencia y responsabilidad política”, y que no puede “votar en Cámara y estar de acuerdo con algo que criticaría si se hiciera en otra oficina o dependencia del Estado. Habitualmente se habla de los presupuestos que tienen las oficinas públicas. Y en verdad, no son dinero del Estado, es de la gente que con sus impuestos financia el Presupuesto”, sentenció.
Reflexiones plenamente compartibles, que deberían tenerse en cuenta por nuestros representantes, cuando además tenemos un Parlamento con tres unidades ejecutoras que definen cuánto y cómo se paga a los respectivos funcionarios y superponen a la vez dependencias, triplicando gastos que podrían perfectamente abatirse mediante una racionalización que surja de unificarlas, en lugar de jugar a las autonomías tan caras como superfluas.
En cambio, los diputados deberían disponer recursos –y no los que sobren-- para contratar un cuerpo de profesionales, como incluso ha propuesto el Colegio de Abogados del Uruguay, para que los asesore en la redacción de las leyes, a la hora de plasmar en texto legal las resoluciones de la Cámara, de forma de paliar el grave déficit que se percibe en la calidad de las leyes.
Podríamos así evitar textos plagados de errores, contrasentidos e incongruencias, cuando no de inconstitucionalidades, y que ha sido determinante para que varias normas resultaran inaplicables y hayan debido reformarse o directamente derogarse o sustituirse, pero no sin consecuencias para los destinatarios, es decir todos los ciudadanos, y mucho peor aún para los sectores directamente afectados.