Opinion | 17 Feb “No podemos permitir que se sigan vendiendo motos como si fueran electrodomésticos”, dijo el director de Tránsito de Montevideo, Hugo Bosca, al informar que la intendencia capitalina prepara un paquete de medidas que pretenden mitigar el impacto negativo que generan en el tránsito la gran cantidad de motos existentes.
Ha sido creada una comisión especial, que integran la Unasev, Ministerio de Interior, Jefatura, Policía de Tránsito y la propia intendencia, y según informó El Observador en su portal de Internet, la idea que toma más cuerpo está referida al rol de los comercios que las venden y la exigencia de tener libreta de conducir al vender un ciclomotor.
El jerarca municipal consideró un “disparate” que no se legisle en el tema, y apuntó directamente “a los diputados y los senadores”. Como acá, allí también preocupan las picadas, las infracciones cometidas por motociclistas y la gran cantidad de menores que circulan en motos. De hecho, estas manifestaciones parecen demostrar que tanto la Intendencia capitalina como la Unasev, finalmente se han dado cuenta que la siniestralidad y gravedad de los accidentes han ido de la mano del incremento del parque de motocicletas, y que es ahí donde deben apuntar sus baterías, algo que en el Interior ya se sabe desde hace años.
La Junta Departamental de Montevideo también tiene en elaboración un proyecto que exigiría a los interesados en comprar motos tener un casco homologado y un curso de conducción aprobado en academia, además de un examen psicotécnico a los repartidores que usan motos.
Como vemos los problemas que atañen a los motociclistas son los mismos o muy similares en diferentes ciudades del país. En todos lados, aumentan los accidentes y va en incremento la cantidad de conductores muertos. Las medidas tomadas hasta ahora, tales como campañas de concientización y fiscalización no han mejorado la situación.
En ciudades como Paysandú, donde los funcionarios de tránsito son insuficientes y las motos mayoritarias en el tránsito, la infracción a las normas vigentes y, en particular, a la Ley Nacional de Tránsito, son moneda corriente y el casco el gran ausente. Al igual que en el resto del país, las motos se venden como si fueran electrodomésticos. Cambios como los que se proponen desde la capital seguramente son necesarios pero también difíciles de llevar a la práctica en corto tiempo. Instrumentarlos requeriría legislar al respecto y también buscar nuevos mecanismos de control que incluyan, por ejemplo, al comercio.
Lo que no puede desconocerse es que picadas, falta de casco, irresponsabilidad en la conducción o ignorancia de las normas elementales de tránsito forman un peligroso combo que por algún lado debe comenzar a atenderse en forma efectiva. Si esto no ocurre, más tarde o más temprano la sociedad en su conjunto está siendo condenada a pagar un caro precio.