Opinion | 18 Feb Si algo sorprende de la actual composición política en nuestro país es que la mayor oposición que tiene el equipo de gobierno proviene de las filas de su propia coalición, la que se encuentra en el poder desde 2005.
Pero si ya se habían registrado disidencias durante el gobierno de Tabaré Vázquez, éstas han aumentado considerablemente en la actual presidencia de José Mujica, especialmente en lo que refiere a la redistribución de los ingresos. Tras la convocatoria del presidente a una “lluvia” de ideas en torno a la reducción porcentual del IVA, comenzaron a surgir cual hongos tras una lluvia otras diversas propuestas, basadas en planteos y reformas tributarias, que tienen como fin --según aseguran sus patrocinadores-- una mejor distribución de la riqueza, permitiendo que quienes menos tienen accedan a mayores beneficios.
Las propuestas han sido de tal cantidad y diversidad que el propio vicepresidente de la República ha salido al cruce, asumiendo una fuerte defensa del rumbo económico iniciado en 2005 y que ahora, ante los primeros logros, algunos sectores pretenden un rápido y urgente reparto entre los más pobres, entendiendo que así se alcanzará con la misma rapidez la justicia social tan ansiada por toda la sociedad.
Mientras desde varios sectores de la interna frenteamplista se demanda aumentar la presión fiscal a los empresarios y a las exportaciones, del mismo modo se pide que parte de los impuestos cobrados sean directamente repartidos, por ejemplo, en asignaciones familiares.
No obstante, ese criterio de reparto directo de ninguna manera garantiza el fin de la pobreza y, en cambio, profundiza las diferencias sociales, en la medida que hacen totalmente dependientes del asistencialismo a las clases menos favorecidas.
Como con toda claridad afirmó el vicepresidente en un reciente acto del Frente Líber Seregni (FLS), el verdadero combate a la pobreza debe centrarse en generar las posibilidades para que los menos pudientes generen ingresos. Mantenerlos bajo la sombra del asistencialismo no sería ayudarlos, sino aumentar la brecha y la discriminación, mientras el país pierde brazos productivos que podrían generar más riqueza para repartir.
No hay dudas que aquellos que menos tienen merecen más apoyo, más atención y más esfuerzo para reducir la pobreza. Pero no es el camino mantenerlos dependientes, sino que lo es ayudar a su independencia. El Poder Ejecutivo, de acuerdo con sus acciones y declaraciones, parece tenerlo bien en claro. Pero desde su interna llega la más dura oposición.