Junta Departamental

Locales | 19 Feb En la sesión de anoche, el plenario de la Junta Departamental --presidida por Robert Pintos-- centró gran parte de su actividad en la solicitud remitida por la Intendencia para que fuera aprobado el cobro a cuenta de los tributos de Contribución Inmobiliaria y adicionales, aplicando el procedimiento de franjas de bonificación con retroactividad al 1º de enero.
La resolución municipal, entre otros conceptos, señalaba: “que la bonificación de que se trata apunta a dar mayores beneficios a aquellos inmuebles de menor valor real”, “que el sistema de franjas aplicado hasta el ejercicio anterior, se remontaba a la década de 1980 con algún ajuste durante los primeros años de la década de 1990, lo que supone hacía aproximadamente 20 años que no se adecuaba a una realidad de mercado que ha cambiado y a un país cuyos indicadores económicos, a juicio del gobierno central, mantiene desde el año 2004 en adelante una constante de crecimiento de la economía nacional”; “que si bien en términos técnicos, los valores catastrales deberían situarse en un entorno del 70 al 80 por ciento, en la práctica y como precio de mercado el valor venal de un inmueble frente al valor catastral, es fácilmente el triple, por lo que la modificación que se plantea genera ajustes hacia arriba en inmuebles cuyo valor de mercado se sitúa en un entorno superior a los U$S 43.000”.
La tabla de bonificaciones remitida es la siguiente: hasta 106.320 pesos del 87 por ciento la bonificación propuesta pasa al 100 por ciento; de 106.321 a 207.324 el aumento de la bonificación es del 87 al 90 por ciento; de 207.325 a 292.380 del 77 por ciento actual al 80 por ciento. Desde allí en más las bonificaciones se reducen: del 77 al 69 por ciento para inmuebles con valores de 292.381 a 568.812 pesos; del 56 al 39 por ciento para valores de 568.561 a 850.560; del 56 al 35 por ciento para valores del 850.561 a 1.275.840 y del 56 al 30 por ciento para valores superiores a dicha suma.
Distintos enfoques
Una vez puesto el tema a consideración del plenario, Francisco Gentile del FA solicitó el pase a la Comisión de Presupuesto y Ramón Appratto del PN que se le aprobara dado que “ya se está cobrando a cuenta a los contribuyentes”. Esto último motivó una firme reacción de la bancada frenteamplista con intervenciones de los ediles Saúl Villagrán, Edgardo Balbuena y Liliana Geninazza, manteniendo la tesitura del pase a comisión.
Luego de un par de cuartos intermedios, ya sobre la 0 de hoy, se aprobaron dos puntos: por mayoría de 16 en 31 ediles presentes en sala, una moción de la bancada del Partido Nacional leída en sala por Appratto y por unanimidad el pase a la Comisión de Presupuesto. Lo planteado por el edil nacionalista fue un proyecto de declaración que decía: “vista la solicitud de anuencia de la Intendencia Departamental en relación al quinquenio para la liquidación y cobro de los tributos de Contribución Inmobiliaria y adicionales resultantes para el año 2011, atento a lo que establece la Ordenanza 62 del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Junta Departamental resuelve: remítase al TCR el proyecto de decreto que se adjunta a dichos efectos”. Aclaró que el proyecto de derecho que se adjunta (cosa que finalmente sucederá al ser aprobado por la mayoría nacionalista) es en el cual se establecen los rangos de exoneración.
Posición del pc
En intervención posterior el edil Mauricio De Benedetti planteó la inquietud de que el remitir el proyecto de decreto al Tribunal de Cuentas, tácitamente significaría que la Junta Departamental estaría aprobándolo. Esto fue rebatido en un par de ocasiones por el edil Appratto, que insistió en que la bancada nacionalista estaba de acuerdo en el pase a la Comisión de Presupuesto, pese “a que es exactamente lo mismo que está contenido en el volumen del proyecto general de Presupuesto Quinquenal que ya está a consideración de la comisión”. En cuanto a remitir el proyecto de decreto al Tribunal de Cuentas sería “dar cumplimiento a lo que dice la Ordenanza 62, que toda creación o modificación de recursos municipales debe ser sometida a dictamen del TCR previo a su aprobación y que este organismo se expedirá en un plazo de 20 días, controlando los aspectos constitucionales y legales que correspondan”.
El edil Gentile subrayó su incertidumbre personal de “¿por qué el apuro de remitirlo al Tribunal de Cuentas?”, tesitura que mantuvo la oposición.
Ya al filo de la medianoche, el edil frenteamplista Martín Pitetta planteó una moción de orden para dar el tema por suficientemente debatido y pasar a votar, con los resultados antedichos, en una antesala de lo que puede ser el debate en general y artículo por artículo del proyecto de Presupuesto Quinquenal Departamental una vez que la comisión respectiva libre los informes en mayoría y minoría que ya se avizoran. Sobre este tema específico de las nuevas bonificaciones, la semana anterior había concurrido a la reunión de comisión el director general de Administración, Heber Coello, quien entre otros conceptos ratificó a los ediles que el incremento de la recaudación por Contribución Inmobiliaria sería de 8,5 millones de pesos este año.