Nacionales | 19 Feb El Círculo Policial recurrirá ante el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia a la disposición incluida en la ley de Presupuesto que establece la reducción de horas de los policías en el Servicio 222. También planteará que es inconstitucional limitar la libertad de trabajo de los policías.
El secretario general del Círculo Policial, comisario inspector Ernesto Carreras, explicó a radio El Espectador que están de acuerdo con que los policías deben trabajar menos horas, pero no aceptan el procedimiento del Ministerio del Interior ni la afectación salarial que esto implica para los efectivos. “Esas horas extra durante mucho tiempo fueron pagadas en negro y, por lo tanto, fueron un complemento que no integraba el salario policial. A partir de que a esas horas se le aplican los descuentos legales, ese complemento se transforma en salario. Por tanto, no entendemos por qué se limita ese salario a los policías”, djo. Añadió que “los policías siempre han estado sumergidos y el 222 vino a ser una válvula de escape a ese acoso económico que los policías han vivido permanentemente”.
Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que el Círculo Policial tiene derecho a iniciar la acción que crea conveniente. No obstante, “creo que se equivocan” pues hubo aumento de salarios y no disminución, sostuvo. Explicó que anteriormente los policías podían realizar hasta 200 horas de Servicio 222, las que se bajaron a 150. Este reglamento se aplicaba a los que habían entrado antes de determinado año, los demás hacían 120 horas, indicó. Ahora todos pueden hacer 150 horas de Servicio 222. El aumento de sueldo es mayor a las horas que pierden.
Precisó que algunos policías pierden ingresos porque cobraban por fuera de la normativa y en lugar de realizar 200 horas, hacían 300. Enfatizó que la decisión de trabajar solamente 150 horas de Servicio 222 es acompañada con la decisión “de que si alguien hace más de 150 horas no las va a cobrar porque el sistema informático no lo registra”. Agregó que las nuevas disposiciones “se ajustan a derecho, a la Constitución y no tienen ninguna irregularidad”.