Opinion | 22 Feb Un estudio de la ONG Vida Silvestre relevó la existencia de plaguicidas en suelo, agua, actividad apícola y peces en el área protegida de Esteros de Farrapos e islas del río Uruguay. Se trata de un sitio Ramsar alto valor de biodiversidad, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay.
Sin embargo, el estudio detectó que la contaminación por plaguicidas afecta la actividad apícola y fueron encontrados agroquímicos involucrados en mortandades de peces, considerándose que este tipo de productos amenaza los ecosistemas del lugar.
En Uruguay los datos cuantitativos sobre la contaminación por aplicación de agroquímicos son escasos y generalmente tienen pobre circulación pública. Según la ONG, específicamente en la zona de los Esteros de Farrapos no existían estudios sobre contaminación con productos fitosanitarios aplicados a cultivos de soja, forestales y se desconocían las causas de las mortandades de abejas, peces y fauna terrestre observadas por los pobladores locales, aunque comúnmente son atribuidas a dichos productos.
Por otra parte, las autoridades han reconocido que más del 70% de las aplicaciones de agroquímicos son realizadas por empresas contratistas registradas y las autoridades reconocen las dificultades de contralor que existen en un país que cuenta con 1.300.000 hectáreas de agricultura de secano.
Teniendo en cuenta este estudio hecho en Esteros de Farrapos, realizado con financiación de instituciones internacionales interesadas en la preservación del medio ambiente y con análisis efectuados en rigurosos laboratorios, resulta imperioso exigir que los organismos competentes realicen en forma más eficiente los controles necesarios sobre los agroquímicos utilizados en la actividad agrícola.
Es contradictorio que una zona declarada recientemente como área protegida e integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, carezca de protecciones reales por parte de las autoridades competentes en lo que refiere a la prevención de la contaminación. Por otra parte, ya es hora que un país que abrió sus puertas a este tipo de cultivos --que en muchos casos realizan empresas extranjeras-- cuente con los mecanismos suficientes y necesarios para evaluar sus impactos y proteger la diversidad biológica de su suelo y la salud de sus pobladores.