Opinion | 21 Feb La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en reciente comunicado, cuestionó el anuncio del dragado de emergencia de un tramo del río Uruguay en beneficio de la reactivación del alicaído puerto de Concepción del Uruguay, al afirmar que esa medida afecta el monitoreo del río por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y de la planta Botnia-UPM, en un planteo que solo podría sorprender a quienes no han seguido de cerca la evolución del conflicto, caracterizada por el planteo absolutista y egocéntrico de los activistas en todo momento.
En esta oportunidad, ya con el puente desbloqueado por efectos de la presión de la opinión pública de ambas orillas y del acuerdo entre ambos gobiernos para el monitoreo del río tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya, la Asamblea sostiene que la remoción del lecho del río puede incidir en la toma de muestras en el marco del comienzo del monitoreo binacional del río Uruguay, medida sugerida por la Corte Internacional. 
“El conflicto por la instalación de Botnia-UPM no ha terminado, porque sigue contaminando nuestra región. Defender a las poblaciones ribereñas de la contaminación de un país vecino y proteger a las generaciones venideras de este flagelo, es una obligación”, señaló la Asamblea. 
El 10 de febrero, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y otras autoridades argentinas y uruguayas, acordaron realizar un dragado desde los kilómetros 106 de Paso Abrigo al 187 de Paso Arroyo Negro, en el río Uruguay, para mejorar el acceso al puerto de Concepción del Uruguay, que apunta a ser el eje de cargas de contenedores procedentes de Paraguay y necesita imperiosamente mayor calado para la operativa portuaria.
La Asamblea sostiene que “existe una empresa llamada UPM -ex Botnia- en el Km 104”, y se pregunta si “el ingreso al Puerto Concepción del Uruguay necesita el dragado del kilómetro 106 al 187”, lo que parece una burla hacia Concepción del Uruguay, las otras poblaciones ribereñas y el sentimiento común que apunta a promover la Hidrovía del río Uruguay como eje del desarrollo regional.
Pero los activistas, interesados en poner piedras y más piedras en el camino en defensa de su visión extremista de las cosas, preguntan “cómo y cuándo se efectuó la evaluación del impacto ambiental que ocasiona el dragado”, y demás cuestionan el lugar de depósito y posterior tratamiento de los sedimentos del dragado. “Los sedimentos de la zona a dragar, ¿no contendrán como en todo el mundo residuos de metales pesados, dioxinas, furanos?”, señalan. 
En línea con esta “argumentación”, el asambleísta Martín Alazard consideró “una falta de criterio técnico” dragar el río Uruguay, ya que “se está haciendo un proyecto de monitoreo para detectar los elementos de contaminación en el río Uruguay, y sin ninguna seriedad se piensa movilizar el lecho del río, desde el puente internacional aguas arriba”.
Este cuestionamiento de los activistas a la postura del gobierno entrerriano y Concepción del Uruguay en procura de reactivar su puerto, está en sintonía con los delirios del minúsculo grupo de “elegidos”, como ellos se consideran, para defender el medio ambiente cual Quijote contra molinos de viento, en su visión distorsionada a su medida de la realidad.
A esta altura, más allá de reclamar la irracional relocalización de la planta de Botnia UPM como si la cosa fuera solo subirla a una carretilla, nadie sabe bien qué es lo que pretenden los seudoambientalistas, que en su momento también rechazaron el acuerdo alcanzado entre ambas partes para que se controle con todas las garantías en forma periódica lo que la empresa productora de celulosa vierte al río Uruguay, por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), junto a entidades de control ambiental de ambos países, con todas las potestades y respaldo técnico y político, para que también se analice y se haga un seguimiento de los vertidos que llegan al río Uruguay a través de la desembocadura del río Gualeguaychú. Éstos proceden precisamente de los efluentes del parque industrial de la ciudad, donde se ha instalado desde hace años una treintena de industrias que han desbordado la capacidad de procesamiento de la planta de tratamiento del lugar, y donde todo indica existe cien veces más contaminación que la presunta afectación de UPM-Botnia al “paterno”.
El acuerdo binacional, además, comprende todo el curso compartido del río --por supuesto, está pendiente la parte de Brasil, lo que no es poca cosa--, y ello conlleva los agroquímicos que derivan al río procedentes de emprendimientos agrícolas y agroindustriales en ambas orillas, además de los vertidos de residuos cloacales urbanos, lo que es un componente adicional en favor del respaldo a un acuerdo que debería ser incluso tomado como modelo para monitorear otros cursos de agua de la región.
Pero está claro que para los activistas de Gualeguaychú estos son temas menores evaluados desde su punto de vista de fanatismo exacerbado, desde que en su óptica la única amenaza a desterrar es UPM-Botnia como sea, aunque nunca se compruebe siquiera una mínima parte de la contaminación que sostienen ya vierte en las aguas del río Uruguay, y menos aún les importa tronchar las posibilidades de desarrollo de sus propios hermanos de provincia de Concepción del Uruguay.