Opinion | 24 Feb A esta altura de los acontecimientos, con toda una larga historia detrás para confirmarlo, nadie puede dudar que estamos ante un país macrocefálico y centralista por excelencia, al punto que más de la mitad de la población está concentrada en Montevideo y el anillo metropolitano, donde coinciden las sedes de los órganos del gobierno nacional, de los organismos del Estado, los servicios, la infraestructura industrial, el epicentro de las carreteras que van hacia el embudo capitalino, incluyendo además todos los institutos de medicina altamente especializada del país.
Estos y otros beneficios que se concentran en Montevideo, en desmedro del Interior al que solo le caen migajas de los recursos, es fruto de un proceso de muchas décadas en el que se han sucedido gobiernos de todos los partidos y al que de alguna manera, con mayor o menor énfasis, cada uno de ellos ha contribuido a sostener y reafirmar, con algunas concesiones en determinados períodos que solo han servido para confirmar la regla, desde que lo poco y nada que se ha arrancado al centralismo ha sido como intentar vaciar el mar con una cuchara.
Pero no contábamos, realmente, con que la imaginación de los defensores y beneficiarios del centralismo tuviera tanta inventiva como para superarse en buscar excusas no solo para mantener los privilegios, sino para plantear rebuscados argumentos en el intento de obtener más recursos a efectos de ser indemnizados o compensados por los “perjuicios” que sufre Montevideo por ser capital del país y sede de los poderes del Estado.
Así surge de los conceptos vertidos al semanario izquierdista “Brecha” por la intendenta departamental de Montevideo, Ana Olivera, cuando expone argumentos por los cuales entiende que debe promoverse en el Parlamento una “Ley de Capitalidad”, que no es otra cosa que plantear como norma legal que se canalicen hacia la Intendencia de Montevideo recursos adicionales del gobierno nacional –como si nos los recibiera por una y mil vías—para financiar los gastos que le origina el hecho de ser sede de todo lo que ande en la vuelta.
Al ser preguntada sobre si es justo el monto de dinero que el gobierno nacional vuelca a la Intendencia de Montevideo manifestó que “es bien importante para todos los gobiernos departamentales que haya reglas claras sobre como se realizará este aporte. También –y los otros gobiernos no están en desacuerdo con esto- creemos que el gobierno de Montevideo cumple funciones que exceden el tema departamental. Montevideo hace muchas cosas que tienen que ver con el conjunto del país y por lo tanto estamos trabajando, tranquila y lentamente, en la preparación de lo que para nosotros sería una propuesta de Ley de Capitalidad”.
Dijo que “hay que ser muy cuidadosa porque se puede confundir este reclamo de una Ley de Capitalidad con una vocación centralista que no tenemos”, (menos mal). “Lo que hay es una constatación del rol que juega en la vida cultural, en la vida económica, como puerto, como centro logístico, como capital del Mercosur”, mencionó, a la vez de indicar como una especie de contrapeso el hecho de que “aquí llegan las frutas y verduras y con otras características, que desde aquí se distribuyen. El traslado del Mercado Modelo a un nuevo emplazamiento a diez minutos del puerto y con otras características, que eso es nuestra Unidad Alimentaria, (…) son una serie de elementos que se relacionan con la posibilidad de exportar frutas y verduras de todo el país, es un proyecto que excede al departamento de Montevideo”.
Aclaró que “obviamente las terminales de trasbordo de carga son un beneficio para Montevideo porque van aliviar la carga de nuestra red vial, pero simultáneamente hoy Montevideo está soportando lo que significa el traslado de cargas hasta el puerto”.
Estos delirios expuestos nada menos que por la intendenta de Montevideo podrían mover a risa si no fuera porque parece que lo dice en serio, y hasta hay ediles de su partido y legisladores del mismo Frente Amplio que estarían dispuestos a hacerse eco de un proyecto de ley en este sentido, que comenzaría a transitarse a partir de marzo.
Qué no daría el Interior por no tener tanta “carga” de responsabilidad, donde se encuentra un Mercado Modelo, un Puerto que es el principal del país, la Dirección de Aduanas, todos los entes del Estado, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Universidad de la República, entre un sinfín de “servicios” y burocracia, todo eso pagando miles de salarios de los más altos del Uruguay, y en menor o mayor medida soportados por todo el país.
Se olvida la titular de la Intendencia que si tiene un presupuesto enorme que atender y pide más recursos, es porque sus antecesores han celebrado convenios irracionales con Adeom, que tiene mucho más funcionarios que los que necesita, con salarios de capital del mundo y la menor carga horaria entre los municipios de todo el país, y que además ha perdido un juicio con esos mismos funcionarios que le han costado millones de dólares a los montevideanos.
Olvida también que entre los supuestos perjuicios figura el que se haya construido un nuevo auditorio al Sodre, para uso exclusivo de los capitalinos, de un valor de más de cincuenta millones de dólares; un “Plan Fénix” que aún enterrado a medio camino costó más de 200 millones de dólares; las mejores “autopistas” de acceso pagas por el Estado; toda la medicina especializada; comunicaciones de primera y miles de beneficios extra.
Es decir que en este mundo del revés, el recibir la gran inversión del Estado en centros de alta tecnología en el área de la salud, de la cultura, los servicios, del transporte, las comunicaciones, la instalación de industrias e infraestructura, a expensas del resto del país, es un hecho negativo para Montevideo, que según la intendenta, a esta altura estaría empalagada de tantos beneficios y necesita compensación por haber engordado como consecuencia de haberse deglutido por iniciativa propia todo lo que podía.