Opinion | 19 Feb La realidad indica que pese a lo que muchas veces se manifieste públicamente por responsables de gremios y hasta de dependencias del Estado en cuanto al concepto de “servidor público”, el ciudadano común percibe en el trato diario con el funcionariado público –la mayor parte, por lo menos-- que lejos de servir a la sociedad, se han instalado “chacritas” de poder en las que la constante es el destrato o el desinterés hacia el usuario, y que a menudo se pone más énfasis en poner obstáculos que en facilitar los trámites o gestiones al usuario.
En la Junta Departamental de Montevideo existe sobre la mesa una moción del edil colorado Martín Bueno por la que se obliga a municipales, así como a conductores y guardas de ómnibus, a identificarse con nombres y apellidos frente a los ciudadanos, lo que es un buen principio para por lo menos identificar responsables cuando las cosas no salen como el usuario espera, o eventualmente tener la posibilidad de destacar a quienes cumplen con sus funciones y a veces van hasta más allá en cuanto a la función de servidor público.
Seguramente nadie puede tener ninguna duda en cuanto a que es pertinente, sobre todo ante los adelantos tecnológicos, que pueda filmarse a un funcionario en cumplimiento de sus funciones en la vía pública, teniendo presente además que cualquier persona con un celular puede encontrar que corresponde tener un documento sobre maltrato u omisión en la actuación del servidor público, así como eventualmente para documentar que efectivamente ha estado a la altura de las circunstancias. De lo que no debería haber ninguna duda, sí, es que pese a que la realidad a menudo lo desmienta, el funcionario público se debe a su empleador, que es toda la ciudadanía a través del Estado, y que le paga los salarios a través de los impuestos que no con poco esfuerzo deja en la ventanillas de los organismos públicos.
Sin embargo, el presidente de ADEOM, Alvaro Soto, al evaluar negativamente la iniciativa del edil, aclaró que “no es la gente” a través de los impuestos la que les paga los salarios. Sostuvo a El País que “a nosotros nos paga la administración, eso es un error que se repite habitualmente. Que la Intendencia le cobre a la gente por un servicio es otra cosa”, lo que evidentemente pone de relieve la mentalidad de los dirigentes gremiales, y por qué las cosas son como son en la administración pública, debido en gran parte a quienes solo se sienten con derechos y no con deberes hacia la población, que sí les paga el sueldo, aunque no les importe.