Opinion | 27 Feb El agua es un bien natural esencial para el desarrollo de la vida en cualquiera de sus formas. Muchas actividades humanas vinculadas a la alimentación y nutrición, el trabajo, la producción y la recreación requieren de este líquido vital. Las mismas actividades humanas son, en muchos casos, una amenaza para la calidad del agua y, en consecuencia deberían implicar la gran responsabilidad de su preservación.
No es extraño que ella esté en los relatos originarios de la creación como algo que antecede al hombre, ni tampoco que sea uno de los elementos básicos de filosofías milenarias. Ocurre que desde tiempos inmemoriales ha sido un bien natural de primer orden, además de un factor fundamental a la hora de determinar los asentamientos y el desarrollo de las civilizaciones puesto que su existencia ha sido siempre un requisito fundamental para la instalación de asentamientos humanos, conviritiéndose ya desde entonces en un recurso necesario para las actividades socio productivas.
Con la aparición de la sociedad industrial comenzaron los problemas para el agua, a la vez que aumentó la demanda de este bien. Y resulta paradójico entonces que siendo un elemento tan importante para el desarrollo de la agricultura, la industria y el abastecimiento humano, esa misma sociedad muchas veces se desentienda de su preservación adecuada, contaminándola.
En Uruguay el 78% del agua utilizada tiene uso agropecuario --fundamentalmente en las plantaciones de arroz--, un 7% industrial y un 15% para abastecimiento humano y consumo doméstico.
Las nuevas formas de producción agropecuaria, el crecimiento de las ciudades y la expansión de las periferias urbanas, la falta de saneamiento adecuado, la existencia de sistemas inadecuados de disposición final de residuos urbanos, así como algunas actividades industriales o la falta de una gestión territorial suelen ser amenazas para la calidad de nuestras aguas superficiales e, incluso, la napa freática.
La falta de cultura ambiental o el desinterés hace que la generalidad de la población no exija controles y reclame acciones de preservación ambiental, salvo cuando existen conflictos o hechos consumados de afectación. No obstante, las autoridades locales y nacionales tienen una responsabilidad a cumplir en este sentido y deberían incluir en sus presupuestos recursos para acciones de contralor, prevención y gestión sin esperar a que haya problemas para actuar.
Por eso, congratula saber que en Paysandú la Intendencia ha iniciado un programa de monitoreo de la calidad del agua que comprende a una media docena de arroyos de todo el departamento, además del río Queguay. Es de esperar que dichas acciones tengan la continuidad necesaria en el tiempo para que realmente sirvan como estrategia de monitoreo y contralor.