Y TODAVÍA SE MUEVE

Locales | 06 Mar (Por Horacio R. Brum). El domingo 27 de febrero la tierra volvió a temblar en Concepción y en otras ciudades del Sur de Chile; se movieron las lámparas colgantes, vibraron las puertas de los muebles y se dispararon sin razón aparente las alarmas de los autos, mientras quienes estaban acostados, a eso de las diez y media de la noche, sentían que “algo” empujaba suavemente sus camas hacia atrás y hacia adelante. Fue el cierre que la Naturaleza decidió poner a las conmemoraciones del aniversario del gran terremoto del año pasado y un recordatorio de que, pese a los esfuerzos de las autoridades, las regiones más afectadas aún están lejos de la vida normal.
Poco menos de un año atrás, cuando este corresponsal recorrió por tierra los 500 kilómetros entre Santiago y Concepción, la ruta era un muestrario de pavimentos agrietados, puentes destruidos y desvíos forzosos por caminos rurales. El mismo viaje se pudo hacer ahora con total normalidad, y solamente un puente metálico, tendido junto a las ruinas del viaducto del río Claro, cuya armoniosa estructura de piedra del siglo XIX quedó hecha escombros en 2010, recuerda la catástrofe. Otro es el escenario en Concepción, la segunda ciudad del país, muy cercana al epicentro de lo que los medios han dado en nombrar “27-F”. Si bien la infraestructura de servicios funciona sin problemas, en varios puntos de la planta urbana hay testimonios de que no todo está tan normalizado como lo quiso presentar el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Varios edificios de departamentos declarados inhabitables todavía esperan la demolición, de la cual las autoridades prometieron hacerse cargo, mientras los propietarios viven en casas de parientes o pagando alquileres, con la obligación adicional de cumplir con las hipotecas. Por otra parte, las empresas constructoras siguen resistiéndose a perder sus inversiones y dilatan en los tribunales el pago de las compensaciones por las malas construcciones, o intentan desafiar los decretos de demolición, insistiendo en que las propiedades pueden volver a ser habitadas después de algunas reparaciones.
Cual emblema de los efectos colaterales de la catástrofe, la Torre O’Higgins, un edificio situado sobre una de las principales avenidas de la ciudad, sigue mostrando el hachazo de un gigante a la altura de su piso 11, que hizo que se desplomaran sobre él los diez pisos superiores. Por el riesgo de derrumbes, el tránsito por la avenida está cortado y todavía no se permite la vuelta a sus casas y negocios de la gente que habitaba en casi dos cuadras a la redonda. Ya hay un vecino anciano fallecido por la depresión de no poder regresar a su hogar; otros se encaminan a la ruina por el cierre de sus oficinas y comercios, pero en vez de la demolición, las autoridades están hablando de “deconstrucción”, un proceso que implica reforzar la estructura, quitar los escombros de los pisos superiores y dejar reutilizables diez pisos. Serán varios meses, o quizá otro año, de angustias  y pérdidas económicas para muchas familias, pero la empresa cuya negligencia con las normas de construcción facilitó el desastre salvará parte de su inversión, apoyada por el ministerio de Obras Públicas.
Más de tres mil personas marcharon el domingo pasado por el centro de Concepción, para protestar por situaciones como la de la Torre O’Higgins y por la lentitud de la reconstrucción. Tal vez a causa de ese ambiente, el presidente Piñera sólo hizo una visita relámpago para una entrevista radiofónica, aunque no pudo evitar las protestas a la salida de la radio ni en otros lugares de la zona, donde estuvo por más tiempo. Lo cierto es que el gobierno, y en particular el Primer Mandatario, están siendo víctimas de su tendencia a prometer soluciones rápidas. Tras asumir el mando, Piñera hizo afirmaciones que llevaron a los damnificados a creer que en pocos meses pasarían de las villas de emergencia a casas sólidas. Primero fueron esas villas las que derrumbaron la imagen de las soluciones rápidas, al tener que ser refaccionadas una y otra vez, por la mala calidad de sus materiales.
Hasta ahora, de las 220.000 viviendas destruidas o severamente dañadas se ha repuesto entre el 10 y el 25 por ciento, según la región, y el ministerio de Vivienda debió confirmar que el proceso no terminará antes de 2013.
A mediados del año pasado, el jubilado Luis Pavez, de uno de los pueblos costeros asolados por el maremoto, tuvo su minuto de fama cuando el presidente y otras altas autoridades le entregaron su casa definitiva, de 46 metros cuadrados y convirtieron el acto en un símbolo de la rapidez de la reconstrucción. Actualmente, el jubilado Pavez tiene otra representatividad, porque las 426 familias que son sus vecinas siguen alojadas en chozas de madera y chapa.
En los días posteriores al terremoto, y más allá del reciente resultado electoral, la lógica social y política indicaba que tal vez era conveniente aplazar la transferencia del mando. El gobierno saliente contaba con una experiencia de servicio público de dos décadas, que podía aplicarse con precisión en resolver los problemas derivados de la catástrofe.
Como mínimo, esa experiencia pudo haber sido usada por las nuevas autoridades, manteniendo en sus puestos a algunos funcionarios claves para resolver tales problemas. Ansioso hasta la obsesión por imponer lo que definió como “la nueva forma de gobernar”, Sebastián Piñera no dudó siquiera en poner en peligro las vidas de numerosos mandatarios extranjeros, al insistir en asumir el mando mientras la tierra chilena seguía dando corcovos. Ya en el poder, y con la frase de “gobernar con los mejores”, se rodeó de colegas empresarios y tecnócratas sin mayor contacto con la administración pública, lo cual ha provocado que el gobierno esté dando palos de ciego en muchos aspectos.
Específicamente en la reconstrucción, no deja lugar a dudas la opinión del director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, el arquitecto Pedro Bannen: “Con la continuidad de un mismo gobierno, probablemente habría habido una capacidad de reacción mucho más rápida”.