Opinion | 03 Mar Uno de los aspectos claves a desarrollar a efectos de mejorar la eficiencia del gasto público –no es toda la solución ni mucho menos, lamentablemente—refiere a promover la participación privada en emprendimientos de interés público, mediante concesiones de obra y o explotación, incluyendo figuras asociativas entre el Estado y los actores privados, que permitan que no toda la carga de recursos se dé sobre las finanzas públicas.
Con este fin, el Poder Ejecutivo tiene en carpeta un proyecto de participación público privada, que sin embargo está tropezando con serios problemas dentro de la fuerza de gobierno en cuanto a contar con el apoyo legislativo, ante la oposición de sectores como el Partido Comunista, apegado indisolublemente a los viejos esquemas marxistas de la omnipresencia del Estado y abominación de toda forma de participación capitalista.
Si bien esta era una visión en gran medida del Frente Amplio en su conjunto cuando era oposición, la cultura de gobierno la ha llevado a variar esta posición, incluyendo al propio sector al que pertenece el presidente José Mujica, y es así que ha surgido este proyecto que el gobierno aspira a poner en marcha a mediados de este año, es decir contar con la sanción parlamentaria de la norma para poder utilizar este instrumento tan pronto sea posible.
Incluso la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), ya prepara los dos primeros proyectos concretos de asociación con privados en el marco de la futura ley, como es el caso de la construcción de complejos carcelarios y un centro de convenciones en Maldonado, entre otras opciones en las que se aliviaría la carga de financiación sobre las arcas estatales. Pero en el Frente Amplio ya se han alzado voces críticas, como el Partido Socialista, que ha levantado como bandera el evitar “privatizaciones”, a lo que se agrega el rechazo frontal del Partido Comunista, salvo que se le introduzcan una serie de modificaciones de fondo.
La posición del Poder Ejecutivo es claramente expresada por el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, cuando señala que la ley es considerada “prioritaria” por el gobierno y que es preciso tenerla aprobada en el primer semestre de este año, a la vez de recordar que el propio programa del Frente Amplio sostiene que “debe haber un salto cualitativo en la infraestructura”, de acuerdo a lo que expresó al diario El País.
Ocurre además que estas asociaciones serían fundamentales en el área de incorporación de infraestructura, que a la vez es un aspecto clave para consolidar el crecimiento con desarrollo, es decir contar con elementos que permitan que no se trate solo de responder a escenarios coyunturales, sino de disponer de herramientas para contar con otras alternativas y respuestas ante los vaivenes del escenario internacional.
Y si bien se están agitando los fantasmas de las “privatizaciones” en la izquierda para generar oposición interna al proyecto, destacados juristas y economistas consideran que el proyecto de ley no recoge la solución privatizadora, ya que en las privatizaciones el Estado se desprende de un activo para que el privado lo explote a su suerte y riesgo, en tanto en esta ley el Estado mantiene el control y los bienes retornan a éste al fin del plazo contractual.
Ante este condicionamiento político, debe tenerse presente que el presidente José Mujica ha reafirmado una y otra vez la necesidad de iniciar la reforma del Estado, y esta sería una forma por lo menos de “arañar” este proceso, que no va ni por asomo igualmente a lo profundo del tema, sobre lo que tampoco hay acuerdo en la fuerza de gobierno y actores que han unido fuerzas, como los sindicatos, para llegar al poder, y que no tienen ningún interés en cambiar este estado de cosas.
El presidente ha reafirmado que es fundamental dimensionar el Estado a las necesidades del país, y sobre todo, acompasarlo a las condiciones que requieren los inversores para volcar capitales en el Uruguay, crear fuentes de trabajo y dinamizar la economía. Además ha señalado ya desde antes de asumir, en la campaña electoral incluso, que es preciso cambiar el Estado “gordo” que tenemos para hacerlo “puro músculo”, lo que es una referencia apropiada.
Por supuesto, es muy difícil no coincidir con Mujica, desde que esta fase de diagnóstico data desde hace muchas décadas, e incluso la tuvo su antecesor Tabaré Vázquez, quien prometió la “madre de todas las reformas” del Estado y que quedó solo en anuncios. Pero al menos una ley como esta, si bien no pone a dieta al Estado, sí evita que siga acumulando grasas innecesariamente.
Lamentablemente, los reparos a siquiera aprobar una norma como la ley de asociaciones nos da la pauta de que existe un lobby político-sindical contra todo cambio en este sentido, que una y otra vez opone reparos y quiere dejar todo como está, para perjuicio del país y comprometiendo seriamente su futuro.