Y LA OLA LLEGÓ

Locales | 14 Mar (Por Horacio R. Brum). Viernes 11 de marzo, nueve de la mañana, sala de espera del laboratorio de análisis de la clínica Santa María de Santiago de Chile: entre las casi cien personas que se encontraban allí, incluido este corresponsal, las miradas estaban dominadas por una pantalla de televisión y las expresiones iban desde la angustia al miedo. Como lo iban a hacer durante todo el día, los canales transmitían en detalle, y con actualizaciones permanentes, las noticias sobre el terremoto que se había producido la noche anterior en Japón. Exactamente un año antes, las cámaras estaban concentradas en la ceremonia de asunción del mando del presidente Sebastián Piñera, y la angustia y el miedo se veían en los políticos y los dignatarios extranjeros, que soportaban en el edificio del Parlamento, en Valparaíso, los temblores que siguieron al catastrófico sismo del 27 de febrero de 2010.
El viernes pasado, no fueron solamente las imágenes llegadas desde el otro lado del océano Pacífico las que reavivaron los temores y las pesadillas que dejó el “27-F”. La alerta de tsunami, con la posibilidad de que olas gigantescas barrieran una vez más las costas de Chile, estableció un vínculo emocional muy fuerte con un hecho de la actualidad internacional que, en otras circunstancias, no habría hecho mucha mella en la pueblerina visión del mundo que suele tener el chileno promedio. En las zonas del sur que más sufrieron con el terremoto de febrero, las localidades costeras apenas comienzan a volver a la vida normal y los planes del gobierno para crear zonas de seguridad donde no se podrá construir, en prevención de los desbordes del mar han provocado polémicas y críticas de dos sectores muy diferentes en lo social y lo económico.
Los antiguos pobladores de esas áreas, de ingresos medios y bajos, tienen desconfianza del sistema de expropiaciones y piensan que el dinero que les pagarán las autoridades no será suficiente para recuperar en otra parte lo que construyeron durante toda una vida. Por otra parte, los especuladores inmobiliarios no desean perder la posibilidad de continuar haciendo pingües negocios con la construcción de apartamentos “con vista al mar”, que con total irresponsabilidad continúan construyendo a lo largo de todo el litoral.
    En Chile no es frecuente que las autoridades tomen medidas potencialmente perjudiciales para la actividad comercial y de negocios. No obstante, el gobierno de Piñera, impulsado acaso por su interés en demostrar que las autoridades anteriores lo hicieron todo mal cuando se produjo el terremoto del año pasado, cuyo mayor número de víctimas se debió a la demora en dar la alarma de tsunami, decretó esta vez la evacuación de todas las zonas de riesgo. Hasta el domingo, miles de personas acamparon en lugares altos o se alojaron en casas de parientes, a la espera de las grandes olas originadas en Japón. A muchas partes, éstas no llegaron y a otras lo hicieron con una fuerza mucho menor que en 2010; sin embargo, en los lugares afectados volvió a quedar de manifiesto la mezcla de pobreza e ignorancia que amplificó los efectos de la catástrofe de ese año.
En Dichato, una localidad que se convirtió en símbolo de la destrucción causada por el mar, las aguas destruyeron ahora los puestos precarios que numerosos pequeños comerciantes habían levantado en la zona cercana a la playa para intentar aprovechar el lento retorno de turismo. Los pescadores del lugar, que desoyeron las advertencias de las autoridades navales, otra vez encontraron sus botes decenas de metros tierra adentro, algunos de ellos inutilizables. Y en tanto por televisión se veía a los damnificados japoneses haciendo cola con toda la disciplina para recibir alimentos, o pagando responsablemente por lo que podían hallar en los pocos supermercados que quedaron en pie, el Ejército chileno debió salir nuevamente a las calles, para custodiar las áreas evacuadas y evitar los robos y el pillaje que fueron noticia internacional un año atrás. El propio presidente no pudo evitar los vicios de la forma subdesarrollada de hacer política, y al visitar la oficina coordinadora para la emergencia, declaró a todos los medios que ahora sí estaban funcionando bien las coordinaciones, y no con “el caos” que él había visto en año pasado. O sea, cuando el gobierno estaba en manos de su antecesora y hoy miembro de la oposición Michelle Bachelet, a quien una encuesta publicada esta semana da como la figura con mejores posibilidades para ser elegida otra vez presidenta, cuando Piñera termine su mandato, dentro de tres años.
Más allá de la coyuntura local, la catástrofe japonesa podría tener efectos económicos en Chile, porque este país tiene un tratado de libre comercio con Japón, quien a su vez es el tercer socio comercial, después de China y la Unión Europea. El año pasado, las exportaciones superaron los U$ 7000 millones, casi U$ 2000 millones más que al Mercosur, y los grandes conglomerados empresariales japoneses tienen inversiones importantes en industrias como la minería del cobre. Además, los organismos de cooperación internacional japoneses realizan aportes muy significativos, en especial en el ámbito científico. Un ejemplo relacionado directamente con el terremoto es el Instituto de Geología Económica (GEA) de la Universidad de Concepción, la ciudad chilena que estuvo entre las más perjudicadas por el sismo de 2010. El GEA, un referente latinoamericano en su especialidad, tuvo su origen en un proyecto de cooperación con Japón y el equipo de científicos que vino a establecerlo provenía de la universidad de Sendai, la ciudad más destruida por el terremoto del 11 de marzo.