Opinion | 11 Mar Aunque el planteo formulado hace ya más de un año por la Juventud del Partido Socialista y de jóvenes de la Vertiente Artiguista para legalizar el autocultivo de marihuana no ha entusiasmado a la izquierda ni a la Junta Nacional de Drogas, ni en la bancada de la fuerza de gobierno hubo disposición para acompañar la iniciativa de los grupos de jóvenes en este tema, en las últimas horas se anunció que el Frente Amplio decidió presentar un proyecto de ley para despenalizar el cultivo de marihuana para uso personal.
En este caso la iniciativa ha sido impulsada por el diputado del MPP Sebastián Sabini y Nicolás Núñez, del Partido Socialista, apuntando a que se podrá tener un máximo de ocho plantas de cannabis por hogar, y que se podrá portar hasta 25 gramos de marihuana. Por encima de estas cantidades se entendería que se procura la comercialización y por lo tanto será considerado un delito penado por la Justicia.
La iniciativa tendría receptividad en algunos legisladores jóvenes de los partidos de oposición, pero se desconoce en cambio qué ambiente habría para obtener las mayorías necesarias o cuál es la posición “oficial” del Poder Ejecutivo respecto a este planteo.
Por lo pronto, en la Junta Nacional de Drogas no ha caído bien este planteo y según el presidente del organismo, Milton Rompani, “este es un tema que ya se ha discutido en otro momento y que sería bueno que se busque cuáles fueron los fundamentos en cuestión para no legalizar. La marihuana es como todas las drogas, algo que hace daño y fumarla es perjudicial para la salud y el argumento de que no hace nada no es válido”.
Seguramente hay infinidad de elementos a tener en cuenta para oponerse a un proyecto de estas características, pero la primera reflexión que surge a partir de esta inquietud es si realmente no existen problemas de real importancia para los jóvenes en el Uruguay antes que preocuparse por lograr que se pueda promover como un hecho positivo que cada uno pueda cultivar marihuana para su uso, desde que por más que se haga hincapié por los interesados en que se trata de una droga “blanda”, no puede obviarse que se trata de un alucinógeno y que por lo tanto en mayor o menor medida produce un estado de enajenación mental y afectación de sentidos, lo que no es un tema baladí.
Y viene a cuento traer a colación opiniones como la del diputado nacionalista Dr. Javier García, quien es además médico y ha trabajado con la Junta Nacional de Drogas en esta problemática, cuando sostiene que a esta iniciativa “no la comparto por argumentos científicos, los cuales no puedo dejar de lado por mi condición de médico y por razones de interés general, es decir políticos con enorme mayúscula”.
Subraya el legislador al diario el País que el proyecto se basa en la política conocida como “reducción del daño”, es decir facilitar el acceso a drogas más blandas a quienes consumen otras más pesadas, como es el caso de cambiar la pasta base por marihuana.
Indica García que “la aplicación de estas políticas no ha dado resultado en ningún lugar donde se aplicó. Suecia es un caso paradigmático de este fracaso. En noviembre pasado, el Dr. Guillermo Castro, médico siquiatra especialista en estos temas, afirmó que es una falacia biológica hablar de reducción del daño, además de afirmar, en concepto científicamente comprobado, que es una profunda equivocación clasificar como droga blanda a la marihuana”.
Y recordó que en 2003 la comisión de estupefacientes de las Naciones Unidas por unanimidad de los 60 países participantes concluyó que “no hay ninguna experiencia válida en el mundo que fundamente la legalización de las drogas, especialmente la marihuana”, y que “en 2009 la ONU afirma que la marihuana es mucho más peligrosa que lo que comúnmente se cree”.
Observó asimismo que el otro fundamento manejado es evitar hacer caer al consumidor en el mercado ilegal de drogas, legalizando su cultivo personal. Es un argumento que se invalida solo porque en la medida que el consumo personal de estupefacientes no está penado, entonces ese argumento debería servir para todas las drogas y no solo la marihuana, y a nadie se le ocurriría autorizar el cultivo de coca para consumo personal o elaborar otras drogas con este fin.
Y desde el punto de vista político, sobre todo poniéndose en la piel de los integrantes de la fuerza de gobierno, esta iniciativa aparece en franca colisión con la postura del ex presidente Tabaré Vázquez, plasmada en una ley, para reducir el consumo de tabaco por razones de salud, prohibiendo incluso este hábito en ambientes cerrados, en una medida que cuenta con un amplio respaldo social. Como seguramente lo tiene la postura de no promover el consumo de marihuana a través de un proyecto que por mejor intencionado que sea, lleva implícito el mensaje de que está muy bien drogarse con abastecimiento propio.
Pero al mismo tiempo debe reconocérsele al proyecto de ley en cuestión que al menos determina cuánta marihuana puede portar un individuo “para consumo propio”, puesto que la actual legislación es arbitraria al establecer la legalidad del consumo personal así como el transporte de la droga con ese fin, sin establecer qué se considera demasiada cantidad.