Nacionales | 13 Mar La Administración Nacional de Puertos está preocupada por las trabas de embargo y arrestos de barcos que empañan la imagen del puerto de Montevideo. La mayoría de los juicios son laborales y generan pérdidas millonarias para las empresas navieras. Más de 16 buques se encuentran en el puerto capitalino esperando el dictamen de la Justicia y ocupando lugar en los muelles.
Varias empresas armadoras enfrentan juicios mayoritariamente laborales. La traba de embargo del buque va acompañada del arresto, es decir del impedimento de salir del puerto, lo que genera severos perjuicios dado que puede extenderse por varios días mientras la demandada presenta garantías y son admitidas. Esta situación ha comenzado a notarse en el puerto de Montevideo, que ya perdió una quincena de buques que llegaban asiduamente, pues han cambiado su base de operaciones hacia Brasil, principalmente al puerto de Río Grande del Sur, a pesar de todas las deficiencias que éste presenta. Aunque ya ha habido fallos --algunos con reducciones sustanciales de la cuantía que se reclamaba y otros incluso a favor de los armadores--, cada vez son más los que prefieren cambiar de base antes que exponerse a un pleito que obligaría al barco a quedar amarrado a puerto. Manuel Barros, propietario de la agencia marítima a la que ha puesto por nombre su apellido, dijo al diario La voz de Galicia que en lo que va del mes han sido retenidos por demandas de ex empleados hasta seis barcos de capital gallego, que se suman a la decena que se vieron enredados en el problema judicial el año pasado. Entre ellos estaba el Playa de Pesmar, que estuvo 136 días inmovilizado en Uruguay.
El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, dijo a radio El Espectador que en algunos casos estos barcos “mantienen un sereno y parte de la tripulación, pero ocupan el lugar a otros barcos que quieren venir a operar, bajar mercadería, contratar mano de obra y no tienen lugar”. Prefirió no hablar de los juicios laborales pero le parece injusto tener que mantener esos barcos en el puerto, que no generan actividad ni trabajo para nadie y además el puerto no le cobrará nada a quien demanda. Para Díaz, el puerto debe ser un lugar donde la actividad fluya; la carga y descarga deben ser ágiles.
Hay varios proyectos de ley --presentados por legisladores-- en la Cámara de Diputados que modifican la legislación vigente. La diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa admitió a la misma emisora que ya hay proyectos de ley de todos los partidos al respecto y el más completo, aunque deba ser objeto de correcciones, deberá tener un tratamiento rápido dados los altísimos perjuicios que las normas actuales ocasionan a las empresas armadoras en particular y a la imagen del país en general. Según Piñeyrúa, la legislación actual se ha prestado también a abusos.
La legislación actual también se presta a que “sobre las empresas armadoras o los propietarios de los buques, se ejerza una suerte de coacción para arribar a acuerdos y así continuar trabajando”, dijo. Para el presidente de la ANP, en la nueva legislación habría también que incluir un mecanismo para saber cuándo un barco queda declarado en abandono.