Opinion | 12 Mar En reciente columna publicada en el diario El País, el ex senador y destacado constitucionalista Dr. Gonzalo Aguirre, al ser invitado a reflexionar sobre temas de interés desde el punto de vista del Poder Legislativo y del funcionamiento de un gobierno, expresó su inquietud por la sistemática tendencia a la pérdida de nivel que ponen de relieve las respectivas cámaras en cada período.
Para el ex vicepresidente de la República, desde hace ya más de medio siglo, en cada renovación de parlamentarios se manifiesta este escenario, y señaló palabras más, palabras menos, que él también se ha visto involucrado en esta degradación sistemática, “porque los parlamentos que precedieron a los que yo integré eran mejores que los que yo estuve, y a la vez los que han seguido han confirmado esta percepción”.
A la vez el dirigente nacionalista atribuyó en buena medida esta degradación a que cada vez ingresan menos abogados a la función parlamentaria y como el Parlamento lo que hace es redactar leyes, estamos ante una consecuencia directa de la falta de formación profesional en la pérdida de calidad de las normas, los contrasentidos y hasta la inaplicabilidad de algunas leyes.
Este es un aspecto del que nos hemos ocupado en más de una oportunidad en EL TELEGRAFO y por cierto que hasta ahora, más allá de la manifestación de inquietudes al respecto en el propio ámbito parlamentario, las cosas han seguido discurriendo por los mismos carriles, y también se han generado por esta causa numerosos entuertos muy difíciles de resolver.
Este escenario no se da solo en el Parlamento Nacional, sino también en otro ámbito donde se consideran y elaboran normas, como las juntas departamentales, donde tampoco el tener una formación jurídica es una condición sine qua non, porque hay muchos elementos ajenos a esta disciplina que forman parte de la tarea del legislador, como caja de resonancia de la problemática de la población, y que es un aspecto muy amplio que trasciende el plano puramente técnico.
Por lo tanto la idea es que se compatibilicen lo técnico con lo político en la vasta tarea legislativa y ello solo puede ser posible, al no contarse con el número suficiente de legisladores abogados, si se cuenta con el debido asesoramiento técnico en el propio ámbito donde se redactan las normas.
Recordamos que en el período anterior pasó a la Comisión de Asuntos Internos de la Junta Departamental una moción de la edila Patricia Vásquez Varela, en el sentido de que el cuerpo cuente con asesoramiento legal permanente, a efectos de que los integrantes del deliberativo estén en condiciones de dilucidar en forma inmediata las dudas o interrogantes que se les plantean cuando se participa en la elaboración de decretos u ordenanzas municipales que puedan afectar o directamente chocar con leyes u ordenanzas vigentes.
La representante nacionalista evaluó entonces que “hemos podido constatar la necesidad de que la Junta Departamental cuente con asesoramiento legal permanente. En diversas ocasiones se ha recurrido a consultas con profesionales del Derecho, pero siempre han sido personas no residentes en el Departamento, lo que demora los trámites y más allá que de esa manera se ha podido paliar la situación en cuestión, eso no es lo mejor”.
Con razón, la integrante de la Junta Departamental consideró que es preciso contar con alguien “que pueda estar en el momento de elaborar decretos, tanto desde el punto de vista de la grafología como del derecho aplicable, de lo elaborado en otras juntas departamentales, así como su relación con otras normas departamentales o nacionales”.
De la misma forma que en el caso del Parlamento Nacional, ello está en línea con las responsabilidades inherentes al ejercicio del cargo, donde la improvisación se paga muy cara y donde las decisiones y posturas políticas deben ser respaldadas y enriquecidas con el soporte técnico imprescindible para no caer en graves errores que resultan muy difíciles de enmendar cuando las ordenanzas y leyes ya han sido aprobadas y se han generado expectativas y situaciones de hecho que luego deben solucionarse de la forma que sea.
Lamentablemente, pese a que esta asistencia jurídica es a todas luces un factor muy importante para la tarea legislativa, el Parlamento todavía no ha aceptado o siquiera discutido seriamente la propuesta formulada hace ya años por el Colegio de Abogados del Uruguay, en el sentido de poner a disposición de los parlamentarios un cuerpo de juristas que asesore debidamente en la elaboración de leyes, lo que permitiría en buena medida abreviar el trámite legislativo, y sobre todo evitar posteriores diferencias y correcciones, enmiendas y dudas que muchas veces no terminan de despejarse ni siquiera cuando la norma se aprueba en los respectivos plenarios.
Para ello debe asumirse que hay falencias que se pueden corregir con disposición y actitud, y que lejos de afectarse las competencias del legislador, con buen asesoramiento se podrá contar con instrumentos adecuados, de los que hasta ahora se ha carecido, con vistas a llevar delante de la mejor forma posible el trabajo parlamentario.