Opinion | 20 Mar Aunque cueste creerlo Uruguay es el segundo exportador mundial de cobre entre los países no productores de ese mineral. Por si no queda claro, Uruguay no produce cobre pero lo exporta. Paralelamente, Antel, UTE y las intendencias tienen graves problemas por hurto de cables de alumbrado público. Si nos preguntamos de dónde sale el cobre que se exporta a razón de 10 mil dólares la tonelada, no seremos los primeros en vincular ambas cosas. El gobierno uruguayo anunció recientemente que prohibirá la exportación de cobre, decisión encaminada a frenar los constantes robos de ese metal.
Los ingresos por exportación de este metal son más bien bajos --en 2010 se exportaron solo 140 toneladas-- pero el robo de cables y transformadores a entes públicos, como UTE o Antel, le cuesta al Estado más de 100 millones de dólares por año.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, solicitó recientemente al ministro de Industria y Energía, Roberto Kreimerman, que desde el gobierno “se acelere la emisión de un decreto que prohíba la exportación de cobre”. En tanto, la presidenta de Antel, Carolina Cosse, pidió al ministro de Interior Eduardo Bonomi que se instrumenten medidas que apunten a incrementar los controles policiales en las zonas más vulnerables.
Por su parte, Kreimerman confirmó que el gobierno se apresta a emitir un decreto para frenar la exportación y agregó que también es necesaria una ley “que incluso afectara la comercialización del metal, atacando la fundición y la venta”.
No es la primera vez que el tema está sobre la mesa, sino que desde hace varios años se reclama una solución. Incluso, el Nuevo Espacio presentó un proyecto al Parlamento para prohibir, suspender o restringir la exportación de cobre y alumnio, con la finalidad de desalentar el robo de cables y artefactos de metal. Dispone la creación de un Registro Nacional de Industrializadores y Comercializadores de Metales, con inscripción obligatoria para todos los que comercian con cobre y aluminio, y un conjunto de exigencias dirigidas a establecer una cierta trazabilidad del producto, por ejemplo en cuanto a la documentación e identificación de las partes que intervengan en las transacciones con esos metales. En definitiva, se trata de un problema que no es menor, que tiene en jaque a varios organismos públicos e intendencias no solo porque se deben destinar nuevos recursos para realizar nuevos tendidos sino porque la situación afecta a los servicios que prestan a la población. Se impone una solución.