Locales | 19 Mar La renuncia a su cargo como secretaria general de la Junta Departamental, de María Rosa De Santis, acorde a lo dispuesto en el artículo 15º del Presupuesto del deliberativo, que quedó firme tras vencer el plazo constitucional de la Asamblea General Legislativa, determinó que se concrete el cambio de la ocupación de dicho cargo (dispuesto en el quinquenio anterior) que ahora será político. La carrera administrativa será topeada en el grado de prosecretario que se encuentra vacante y para el cual se fijaron condiciones para la convocatoria a concurso de interesados, así como las propias tareas a desarrollar que no estaban asignadas.
En una breve nota dirigida al presidente, edil Robert Pintos, la funcionaria renunciante expresó: “atento a lo dispuesto en el artículo 15º del Presupuesto Quinquenal 2011-2015 de esta Corporación, cúmpleme dirigirme a usted a los efectos de presentar mi renuncia a partir del 31 de marzo del corriente año, al cargo de secretaria general que actualmente ocupo, con la finalidad de acogerme a los beneficios jubilatorios”.
Tuvieron palabras elogiosas sobre De Santis, Luis Lopardo del FA, quien solicitó que, aparte de votar favorablemente su renuncia, “la Mesa del cuerpo instrumente la manera de homenajearla”; Ramón Appratto del PN quien refirió a distintas facetas que la destacaron como funcionaria durante varias décadas, en tanto su alejamiento “será una pérdida para la Institución”. Didier Bernardoni del PC la calificó como “la memoria de la Junta Departamental”. También intervinieron Rubens Francolino, señalando que “fue el reglamento viviente de este cuerpo”; Patricia Vásquez Varela en su calidad de coordinadora de la bancada del PN “adhiriendo totalmente a un homenaje a María Rosa”. Tanto la renuncia como el homenaje fueron votados unánimemente por los 31 ediles presentes.
Cargo y tareas asignadas
El cargo tiene el grado Q-18 y fue aprobado por el artículo 19º del Presupuesto del cuerpo del quinquenio inmediato anterior (decreto 5184/2006) y las tareas que se le asignan, entre otras, son “planificar, organizar y coordinar las actividades de su unidad (Secretaría General Política) en forma conjunta con los jerarcas de las unidades subordinadas, a fin de determinar los lineamientos estratégicos a seguir; analizar y proponer a la Presidencia, según políticas establecidas por orden superior o a iniciativa propia, la implantación de nuevos procedimientos a desarrollar, teniendo en cuenta la situación y objetivos de la organización; integrar la Mesa con el presidente de la Junta Departamental en las sesiones de la misma, redactando posteriormente todo documento emanado del plenario; cumplir y hacer cumplir las normas relacionadas con la gestión administrativa y financiero patrimonial de la Junta, más todas las tareas que indique el Reglamento Interno”.
También se fijan las tareas asignadas al cargo de prosecretario, grado C-17, que estaba vacante desde 1992 a la fecha y que dada esta modificación institucional, será el escalafón más alto de la carrera administrativa. Como se realizará un concurso para determinar la ocupación del cargo, se establecen los requisitos: Secundaria completa y buenos conocimientos de la Constitución de la República, del legislativo y administrativo de la Junta Departamental, su red informática, procesadores de texto y de técnicas de administración de personal y relaciones públicas.
Estas disposiciones fueron las sugeridas en el informe en mayoría que presentó en Sala la Comisión de Asuntos Internos, con la firma de los ediles nacionalistas Rafael Bartzabal, Silvano Baiz y Walter Meireles y resultaron aprobadas por mayoría.
Postura de la oposición
En sala, verbalmente, se dio el informe en minoría por la edila del FA, Liliana Geninazza, quien se manifestó “sorprendida por la llegada de ese informe fuera de hora, cuando soy asidua concurrente a la Comisión de Asuntos Internos”, lamentando que no se compatibilizara como era de esperar para resolver este tema y citó contactos realizados con la Oficina Nacional del Servicio Civil, material que “presenté a la comisión y no he tenido noticias”. Calificando al tema de las normas como “muy importante, solicito que el informe vuelva a la comisión”.
Didier Bernardoni del PC, dijo que “lo dicho por la edila Geninazza es verdad, hace tiempo estamos trabajando sobre el tema”, señalando como “falta de cortesía parlamentaria y de compañerismo” lo que se ha dispuesto. La votación contraria que se haría en este caso --dijo-- sería porque “el Partido Colorado es congruente con lo actuado en 2006” (creación de la Secretaría General Política) y también del artículo 15º del actual disponiendo la edad de 70 años para la cesación de quien hasta ahora ocupaba el cargo que no se votó por el PC.
Sobre el tema también intervinieron los ediles Walter Duarte y Luis Lopardo del FA, opuestos a votar los temas de la asignación de tareas, resolviendo el asunto en la noche de ayer porque “se debió procurar un mayor análisis”.
Lopardo pidió formalmente en nombre de la bancada frenteamplista que el tema vuelva a comisión y anticipó que si no era así, iban a votar en forma negativa.
Puesto a votación el informe en mayoría, resultó aprobado por 16 en 31 ediles presentes en sala, tras lo cual el presidente Pintos pidió fundamentar el voto señalando que “la secretaría de la comisión se comunicó tres veces con la Oficina Nacional del Servicio Civil”, asegurando que es un asunto que compete al cuerpo deliberativo, pero que “al realizar en esta Junta la asignación de tareas se olvidó de ese cargo de prosecretario que estaba vacante desde 1992”.