Opinion | 21 Mar En los últimos días se supo que el Poder Ejecutivo trabaja en la incorporación de elementos para redactar un proyecto de ley por el que se apunta a convertir la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) en una empresa pública de derecho privado, con la expectativa de poder revertir la parálisis y paulatina degradación del transporte ferroviario en el país, que está en manos del Estado.
De acuerdo a información procedente de fuentes oficiales que recoge el matutino El Observador, el procedimiento elegido es el de la asociación público-privada, es decir que con capitales estatales de alguna empresa pública se formará con AFE una nueva empresa que funcionará con normas del derecho privado.
Según esta iniciativa, la infraestructura vial pasará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en tanto los vagones y las locomotoras quedarán en la nueva empresa, a la que también pasará toda la gestión comercial y operativa.
Ocurre que durante muchos años, incluyendo también a la Administración Vázquez, se habló sobre la necesidad de aggiornar el ferrocarril, por tratarse sobre todo de un medio de transporte que debería tener costos muy accesibles y por lo tanto de importancia logística fundamental para el Uruguay, en el caso del transporte de producción de grandes volúmenes y bajo valor relativo, en complementación con el transporte fluvial y el carretero, cada uno participando en el tramo de la cadena logística que resulte más conveniente para el productor.
Pero tras marchas y contramarchas dentro del propio gobierno, la presión del sindicato de AFE y de otros gremios nucleados en el lobby de funcionarios públicos, junto con compromisos políticos de muchos legisladores del partido de gobierno, hicieron que se fuera generando un paulatino desinterés de los actores privados por participar en este emprendimiento, ya además nunca hubo una propuesta clara del Poder Ejecutivo y serias contradicciones que terminaron por desanimar a los actores privados, sobre todo a las empresas forestales que ven el ferrocarril como elemento de gran importancia para sacar la producción hacia los grandes centros exportadores o de procesamiento primario de la madera.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Ernesto Pintado, reconoció en setiembre ante la Comisión de Hacienda del Senado que es manifiesto el desinterés de privados por participar en el ferrocarril, por lo que los ministerios de Economía y Finanzas y de Transporte trabajan ahora en una ley que intentará mejorar la difícil situación comercial y financiera de AFE, que sigue registrando pérdidas no menores a los 10 millones de dólares al año.
Es decir que, quiérase o no, es de interés del país y de todos los uruguayos el reconvertir AFE a una empresa que realmente cumpla con los fines de transporte de mercadería y de pasajeros en forma segura y a un costo accesible, y de paso evitar esa sangría anual de 10 millones de dólares para mantener algo que no funciona, porque no transporta cargas ni pasajeros en el volumen en que está en condiciones de hacerlo si tuviera una adecuada gestión y se le incorporara infraestructura en cuanto a parque vial y vías férreas.
La nueva empresa que promueve el gobierno se denominaría Ferrosur y el instrumento regulador de esta asociación podría ser la Ley de Participación Público Privada (PPP) a estudio del Parlamento, pero ya ha surgido, como se esperaba, la firme oposición del sindicato de funcionarios de AFE, ya que la Unión Ferroviaria asegura que el gobierno no ha dado cuenta de este proceso al gremio y que se está “cocinando” todo a sus espaldas para presentar el tema como un hecho consumado.
La resistencia a esta innovación se manifiesta asimismo con la posibilidad de presentar un recurso de habeas data para conocer el texto del proyecto, con la perspectiva además de ser presentada a la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento, cuestionando que el pasaje al derecho privado significará la pérdida de derechos laborales de los funcionarios de AFE.
En tanto, el Poder Ejecutivo acordó con el Directorio de AFE y con el Frente Amplio no comentar los alcances del anteproyecto hasta que esté terminada su redacción.
Surge a primera vista que todo lo que se intente innovar en esta materia es bienvenido, sobre todo si se apunta a la participación privada en un emprendimiento que resulta imposible de ser financiado por el Estado con el dinero de todos los uruguayos.
Es también insostenible seguir perdiendo diez millones de dólares al año para nada que valga la pena, mientras el país necesita imperiosamente contar con un instrumento adecuado como el ferrocarril para establecer un sistema multimodal que permita innovar la logística y potenciar producciones que de otra forma verían seriamente comprometida su rentabilidad.