Opinion | 22 Mar A través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme) fue presentado el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo de las PYME, a través del cual éstas podrán ofertar con precios superiores de hasta un 16% frente a las propuestas de las grandes empresas y ser así competitivas en las licitaciones estatales.
De acuerdo a los términos del proyecto, se ha trazado como objetivo brindarle a las PYME una oportunidad diferencial de cotizar en las licitaciones con una preferencia en el precio y acceder a una reserva de mercado del 10% de cada licitación, al punto que si una pequeña empresa oferta con un precio que supera hasta el 16% respecto a otra empresa, igualmente puede ganar la licitación.
Asimismo, la iniciativa establece que la PYME puede optar por la preferencia en el precio o por la reserva del mercado para acceder a compras que el Estado realiza habitualmente. Este programa está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas que tengan entre uno y 99 empleados, y con una facturación menor a 7 millones de dólares anuales.
Cabe destacar que el Estado compra por unos 5 mil millones de dólares anuales, con lo que quedaría un monto de 500 millones de dólares para destinar a este programa, en tanto las intendencias, a través de sus oficinas de Desarrollo local, servirán de asesoras para que los pequeños productores y empresarios locales se animen a postularse a una licitación estatal.
La idea es incentivar la presentación de las empresas más chicas en las licitaciones del Estado, compensando una desventaja natural sobre el costo por unidad, que es mayor cuanto más chica sea la empresa, como regla general de la economía.
Como contrapartida, este programa requiere que las PYME que se postulen tengan un certificado expedido por la Dirección Nacional y que en el caso de quienes lo necesiten, pasen por un proceso de mejora de gestión, de carácter gratuito, de manera de potenciar su desarrollo más allá de las licitaciones estatales y que redunde en un futuro proceso de internacionalización de las pequeñas empresas nacionales.
Esta iniciativa a primera vista tiene sus pro y sus contra, por cuanto implica que el Estado, es decir todos los uruguayos, paguemos sobre determinado porcentaje de compras un sobreprecio para favorecer a un sector de empresas, lo que significa un subsidio para facilitar su participación.
Debe tenerse presente que en países como Uruguay, donde son muy pocas las grandes empresas, es vital el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas economías empresariales como factor de dinamización de la economía, en tanto también son las mayores proveedoras de empleo si se hace la sumatoria de su presencia en el tejido socioeconómico nacional.
Es así que cerca del noventa por ciento de las empresas uruguayas puede encasillarse en la categoría de las PYME, que en este tejido son sustento del esquema en las áreas industrial, comercial y de servicios, con una gran heterogeneidad sí, pero también con el común denominador de problemas que datan desde hace muchos años y que parten de la base de su propia pequeñez.
Entre otros aspectos, es vital contar con instrumentos de capacitación y asesoramiento, que debería proveer el mismo Estado a través de organismos como la propia Dinapyme, pero a la vez con el apoyo de estos beneficiarios organizados debidamente en asociaciones que los sustraigan del aislamiento y consecuentemente de su desventaja respecto a emprendimientos de mayor tamaño, que tienen otras posibilidades para desenvolverse.
Estas compras del Estado subsidiadas son un aporte para que estas empresas no queden fuera de su circuito de compras, pero a la vez debería ser acompañado por otras acciones que tiendan a mejorar su competitividad mediante una mejor gestión, y así incorporarlas al circuito formal.
Es muy negativo que donde reside la mayor fuerza laboral del país haya altos porcentajes de informalismo, desde que esta irregularidad conspira contra el sistema previsional y la obtención de recursos por el Estado, pero al mismo tiempo perjudica abiertamente a dependientes y las propias empresas en infracción, por cuanto los involucrados son afectados en sus posibilidades de acogerse a los beneficios jubilatorios, al Seguro por Desempleo y servicios médicos, entre otras prestaciones del sistema.
Quiere decir que si bien es pertinente que se busque igualar oportunidades para las compras por el Estado, por lo menos en principio debe paralelamente conjugarse acciones que tiendan a la regularización de los pequeños emprendimientos, de forma de no favorecer la competencia desleal y sin perder de vista además que debe estimularse en todo momento la búsqueda de su eficiencia, de la mejor gestión y capacidad de superación en cuanto a la provisión de bienes y servicios, en favor de la calidad de vida de los uruguayos.