Paysandú, Miércoles 23 de Marzo de 2011
Nacionales | 23 Mar En el marco de la investigación del video donde presuntos militares amenazan a jueces y fiscales, la Justicia remitirá un exhorto al presidente José Mujica con preguntas sobre las imágenes que el mandatario dijo haber visto. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló que Mujica responderá al exhorto y allí dirá lo que sabe sobre le tema.
El juez Jorge Díaz, a cargo de la investigación del video donde presuntos militares amenazan a jueces y fiscales que trabajan en casos vinculados con la última dictadura militar, estuvo en la comisión parlamentaria y al concluir su comparecencia el diputado Jorge Gandini le preguntó por el exhorto y el magistrado se negó a responder. Díaz remitirá un exhorto al presidente con preguntas sobre las imágenes que habría visto.
Los ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, también comparecieron ante la comisión de la Cámara de Diputados y reiteraron que no vieron ni poseen el video. Sin embargo, Bonomi aseguró que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo cual hay datos que no se pueden revelar. Remarcó que “parece poco probable” que se puedan concretar las supuestas amenazas. Estimó que “las hipótesis de inteligencia indican como poco probable” que militares retirados vinculados a crímenes durante la dictadura sean los responsables del video. Aseguró que el presidente responderá al exhorto que le enviará el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, quien investiga el caso. Por otra parte, Mujica realizó una visita de 40 minutos al general Miguel Dalmao, internado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, para interiorizarse de su estado de salud. El militar en actividad, procesado con prisión por un delito cometido en la dictadura, fue sometido a una angioplastia por una obstrucción coronaria. A Dalmao se lo acusa del asesinato por torturas de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrido en el ex Batallón de Transmisiones Nº 1 del Ejército en junio de 1974. El general se convirtió en el primer militar en actividad procesado por delitos cometidos en dictadura.
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