Locales | 20 Mar Dos niños uruguayos se encontrarían retenidos contra su voluntad por su padre, un sanducero que actualmente reside en Buenos Aires. La denuncia fue presentada por la madre de los menores, separada del padre de ambos, quien continúa viviendo en Paysandú, donde efectuó la correspondiente denuncia, la que la semana que viene será enviada al Ministerio de Educación y Cultura, la autoridad central en nuestro país para casos de retención ilícita de menores.
La odisea de esta familia comenzó el 12 de diciembre del año pasado, cuando Luis Ramón Brunini Gómez, de 44 años, nacido en Paysandú, se llevó a los hijos que tuvo con Laura Catherine Albin Imer, de 40 años, nacida en Montevideo, de vacaciones a su residencia en Buenos Aires, como lo hacía desde hacía tres años, después que la pareja concluyó su relación sentimental.
El acuerdo era que Leandro Brunini Albín, de 10 años, y Franco Brunini Albín, de 8, “pasaran un mes con el padre, como ya lo habían hecho”, dijo visiblemente consternada a EL TELEGRAFO Laura Albín.
Pero a mediados de enero “comenzó a pedirme que los dejara un poco más y yo accedí sin imaginar nada raro”. Hasta que el 17 de febrero “le pedí que los trajera porque ya faltaba poco para comenzar la escuela. En ese momento me dijo que no me los iba a mandar nunca más. Le dije que lo iba a denunciar, pero pareció no importarle, dijo que hiciera lo que yo quisiera pero que los niños se iban a quedar con él”.
Denuncia en Violencia Doméstica
“Cuando pude pensar más o menos coherentemente”, aquel 17 de febrero, se dirigió primero a la Jefatura de Policía “donde me dijeron que tenía que ir a Violencia Doméstica para hacer efectiva la denuncia”. Hacia allí se dirigió. “Estuve hablando como dos horas, conté todo, todo y al final escribieron un informe con lo que yo había declarado. Pensé que esa era la denuncia”, pero en verdad no se tomó como tal, por lo que días después debió volver para que oficialmente se le tomara la denuncia por la retención ilegítima de sus hijos.
Luego se dirigió al INAU, donde también “fui escuchada y ahí se me dijo que yo tenía que tramitar con la Justicia si quería lograr algo”. Fue entonces, en los primeros días de marzo, cuando hizo la denuncia penal, a través de la Defensoría Pública de Oficio, tomando su caso la abogada Dra. Rosario Silveira. Ahí quedó claro que Violencia Doméstica no había tomado su denuncia y se cumplió con esa formalidad para que la Justicia pudiera desarrollar su labor.
“Un caso muy inusual”
“Este es un caso muy inusual”, aseguró la doctora Rosario Silveira, representante legal de Laura Albín. Y además es un caso con varias complejidades. La figura de retención “no puede clasificarse como delito, porque para eso deben probarse varios extremos”, pero lo que para la Justicia existe “es la denuncia de la madre donde expresa que los niños están contra su voluntad” en Argentina.
La complejidad del caso reside en que “yo siempre confié en la palabra, nunca hicimos nada por el Juzgado, fue un acuerdo de separación, de cómo hacerlo y de cuándo él iba a estar con los niños”, dijo Albín.
Por su parte la abogada, consultada por EL TELEGRAFO en su despacho en Defensoría Pública, ratificó que “nunca hubo un trámite judicial que determine la tenencia legal. Están sí casados legalmente. Pero no se abrió un expediente en el que constara la tenencia legal. Si eso hubiera ocurrido a favor de la madre, todo hubiera sido más rápido”. No obstante, lo que aparece claro es que “los niños residían en Paysandú, junto a su madre. Esto quiere decir que podemos hablar de una tenencia de hecho, y eso es muy importante. Pero, a los efectos del expediente debe probarse, con reportes escolares, carné de salud, vacunaciones, en fin con todo lo que pueda determinar de manera fehaciente que la señora Albín tenía la tenencia de hecho”.
De todas maneras, la abogada advirtió que “este tipo de casos se dilucidan en un tiempo más o menos extenso; es un caso que exige paciencia, más allá del problema humano, porque participan las autoridades centrales determinadas por los tratados internacionales, de dos países. Y luego debe instalarse una sede judicial, y dirimirse el caso, con defensores para ambas partes y abogados para los niños, que tienen también derecho a ser escuchados”.
INAU informó a la Justicia
La Oficina Departamental del INAU comunicó al Poder Judicial, mediante carta del 5 de marzo, el caso del traslado y retención ilícita de los menores Brunini-Albín tal como lo confirmó a EL TELEGRAFO la funcionaria de esa dependencia Lorena Mendizábal, quien aseguró que “es un caso que golpea muy fuerte e hicimos cuanto estuvo a nuestro alcance”.
La propia jefa departamental del INAU, Elizabeth Ipar, subrayó que “si los menores no están al cuidado del INAU, la denuncia ante las autoridades competentes debe ser realizada directamente por el padre demandante”, pero destacó asimismo que “en todos los casos, el INAU está de puertas abiertas para tratar de solucionar o de apoyar en lo que sea posible ante este tipo de situaciones, que son ciertamente muy difíciles de sobrellevar”.
Mendizábal asimismo informó que se citó telefónicamente al padre de los menores, Luis Ramón Brunini Gómez y que éste se comprometió a concurrir, pero nunca compareció efectivamente.
Interés de diputados sanduceros
Los legisladores Gustavo Rombys y Walter Verri se interesaron por el caso, así como algunos otros representantes de otros departamentos, y no se descarta que más integrantes de la Cámara de Diputados intenten mediar para alcanzar una rápida solución.
“Es un caso muy difícil y complejo”, dijo Rombys. “No obstante ello, personalmente me he comprometido a ayudar en todo lo que esté a mi alcance”, dijo y comentó que “estoy tratando de reunir todos los elementos, para ver hacia dónde podemos llevar adelante entrevistas o planteos”.
“Probablemente lleguemos a Cancillería, porque hay que respetar los derechos de los niños tanto como de la madre. Los dos aparecen como violentados y por eso creemos que debe buscarse rápidamente una solución”.
Por su parte Verri dijo a EL TELEGRAFO que “me entrevisté con el director de Migraciones”, inspector mayor José E. Chavat Azeni, pero éste le indicó que “nada se puede hacer desde su juridiscción porque las personas si bien son uruguayas salieron del país y están actualmente en territorio argentino”. Asimismo Verri manifestó su intención de “solicitar una entrevista con el Jefe de Policía”, Roque Arámbula, “para juntos ver si hay alguna salida a esta situación, más allá que sin dudas la gran carga de resolución está del lado de la Justicia”.
Dificultad para comunicarse
Laura Albín vive los momentos más dolorosos de su existencia. “Me despierto pensando en mis hijos, trabajo pensando en mis hijos, me duermo pensando en mis hijos. Esto es terrible. Es algo increíble. No soy un mala madre. Nuestro hogar es modesto, sin lujos, pero con mucho amor y vivíamos felices hasta que eso terminó abruptamente cuando mi ex pareja se llevó a mis hijos. Los quiero de vuelta, deben vivir junto a mí, porque siempre lo hicieron, porque él fue un padre ausente, porque vivió en Estados Unidos, porque se fue a la Argentina. No es justo y ahora comprendo que la Justicia es demasiado lenta”.
Albín ha tratado de comunicarse “de todas las formas posibles” con sus hijos, ya sea por teléfono, por MSN o por Facebook. “Pero ahora ya no atiende el teléfono” Luis Brunini, y “cuando permite que mis hijos hablen conmigo es por muy breve tiempo, con altavoz y con él controlando lo que dicen”. La última vez que escuchó la voz de sus hijos fue “el jueves, cuando llamaron un minuto y medio para saludar a un hermano que cumplía años”.
Alguna vez “estuve tentada a tomarme un ómnibus, ir a Buenos Aires, recuperar a mis hijos y traérmelos”, porque “eso es lo que ellos esperan que haga”, pero se contiene “porque sé que sería en definitiva perjudicial para mis hijos.
Yo no quiero hacerle mal al padre, solo quiero que me devuelva a mis hijos. Ese es mi único pedido, el de una madre desesperada, que espera por sus hijos, con las camas tendidas, con todo lo que ellos siempre tuvieron en su pieza”.

TRATADOS INTERNACIONALES VIGENTES
Se considera sustracción internacional de menores cuando un menor es trasladado o retenido ilícitamente en un país diferente al de su residencia habitual. Para proteger a los menores de los efectos perjudiciales de su sustracción o retención ilícitas y a establecer procedimientos para su pronta restitución, hay tratados internacionales. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado elaboró en 1980 el “Convenio sobre los Aspectos civiles de la Sustracción internacional de Menores”, destacando la parte civil de este tipo de conflictos, separándolos del ámbito penal. En el ámbito Interamericano, los Estados decidieron hacer hincapié en la solución del problema, más que en el conflicto mismo. Es por ello que al momento de redactar la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores, reemplazaron el término “sustracción” por el de “restitución”, que evidencia claramente la finalidad perseguida por el Convenio, que fue firmado en Montevideo en 1989.
Uruguay y Argentina también tienen vigente el Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de Menores, hecho en Montevideo, el 31 de Julio de 1981. Este convenio, cuya autoridad central de aplicación en Uruguay es el Ministerio de Educación y Cultura y en Argentina el Ministerio de Justicia, ha sido desplazado de hecho en su aplicación por la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.