Opinion | 30 Mar A través de piquetes perfectamente organizados, la gremial que encabeza en la Argentina Hugo Moyano impidió el domingo la salida a la calle y distribución de los matutinos La Nación, Clarín y Olé, cuyo común denominador es precisamente el ser opositores a la conducción del gobierno de Cristina Fernández, como antes lo habían sido del gobierno de Néstor Kirchner.
Si bien se oficialmente se aduce que la medida responde a un conflicto laboral, coincide con la publicación días pasados de una investigación periodística en la cual se demostraría el excesivo enriquecimiento del principal de la CGT, precisamente Hugo Moyano. A la vez, la organización de “trabajadores” CGT, que llevó adelante la medida, es afín y más aún, uno de los pilares del gobierno, y además con una larga tradición en medidas de este tipo para “ablandar” a quienes se oponen a la administración, por lo que cuesta poco inferir que en realidad, lejos de un reclamo de carácter laboral, como se invoca, se está sistemáticamente utilizando el instrumento del chantaje y el amedrentamiento contra quienes tienen diferencias políticas y/o ideológicas.
Al otro día de la medida de fuerza, el matutino Clarín salió con su primera página en blanco, en denuncia de que se estaba violando intencionalmente la libertad de prensa en la Argentina, lo que naturalmente es el principio del fin para una democracia, coartando la libertad de expresión y por supuesto, atacando a los medios que piensan distinto, tal cual sucede en gobiernos dictatoriales.
Pero en Argentina felizmente hay institucionalidad, aunque surjan estos atropellos de grupos que se nutren de la anarquía y la prepotencia, y en las últimas horas el juez civil Gastón Matías Polo Olivera le exigió a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que en el término de tres días, le brinde respuestas concretas sobre el último bloqueo en la planta impresora del diario Clarín, como así también la identificación de los responsables y las medidas adoptadas para que se eviten protestas similares en el futuro. En el oficio el juez civil le reclamó a la ministra explicaciones sobre el motivo por el que no había cumplido con resoluciones anteriores para garantizar la distribución de los diarios y --de haberlo hecho-- por qué entonces resultaron “ineficaces, a luz del apuntado suceso”.
Pero además, el magistrado apuntó a saber si en el nuevo bloqueo, la Policía procedió a identificar a las agrupaciones y personas físicas que interrumpieron la distribución de los diarios Clarín, Olé y La Nación y le reclamó saber qué medidas “adicionales” dispuso Garré, “a fin de evitar en el futuro la reiteración de estos hechos”.
En noviembre y en enero pasado, el juez Polo Olivera había hecho lugar a diferentes presentaciones judiciales del diario Clarín por las manifestaciones que se venían registrando en los accesos de diferentes plantas impresoras y que dificultaron la normal salida del matutino y sus suplementos.
En aquella resolución el juez instó a impedir los bloqueos y dispuso notificar a Garré en “forma personal” para que tome las medidas que permitieran cumplir ese fallo.
Según el juez, el derecho de manifestarse no podía poner en riesgo otros derechos, como el de ejercer industria lícita y, particularmente, el derecho a la libre expresión, que “tiene particular relieve” en el caso.
Sin embargo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, defendió el accionar del gobierno frente al bloqueo, y consideró que “lo que hay es un conflicto laboral y no un supuesto ataque a la libertad de prensa”,
Por supuesto, las reflexiones del ministro hasta podrían ser de recibo para algún distraído que ignore como se manejan las cosas en la Argentina, donde hay una alianza y mimetización político sindical que sistemáticamente ataca, a veces por medios sutiles y otras veces más abiertamente, a quienes discrepan con el gobierno, a efectos de imponer su visión de las cosas y acallar las voces disidentes.
Y como bien sostiene en una declaración la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la inacción de las fuerzas policiales y el gobierno “es un atentado agravado a la libertad de prensa”, al punto que según el presidente de la entidad, Gonzalo Marroquín, las “violaciones a la libertad de prensa en la Argentina nos dejan cada vez más perplejos, porque ni siquiera se hace respetar los fallos de los jueces, que en el caso de loso bloqueos fueron considerados ilegales y anticonstitucionales”.
Es que la única forma de que estas acciones tengan “éxito” es hacerlo disfrazando los reales objetivos político ideológicos,y precisamente el bloqueo tuvo lugar poco después que el matutino Clarín publicó una nota de investigación sobre un supuesto enriquecimiento patrimonial del líder de la CGT Hugo Moyano, lo que por sí solo da la pauta de las motivaciones del “conflicto laboral” al que alude el oficialismo.