Escribe el DR. Rodolfo Canabal

Locales | 29 Mar Más de una vez se ha afirmado en esta columna, por considerarlo un deber, que existe plena vigencia del régimen jurídico democrático nacional basado en principios y muy claras normas de la Constitución, aprobadas con profunda convicción, ya desde que se realizó su jura el 18 de julio de 1830, que también inspiraron reformas ulteriores. Y es pertinente señalar que lo que tales principios y normas contienen en el sentido indicado no solo rige en ellas; también integran las profundas convicciones de la ciudadanía nacional que inspiran la forma en que gobernantes y ciudadanos normalmente actúan.
En tal sentido se dio el pasado domingo 27 de marzo, durante las elecciones de candidatos de empresas, trabajadores activos y pasivos para ocupar los cargos que deben representar a dichos sectores en el Directorio del Banco de Previsión Social, un muy claro ejemplo: cuando el presidente de la República, Sr. José Mujica, concurrió al circuito correspondiente con la intención de emitir su voto como activo, se vio impedido de hacerlo en razón de que no estaba habilitado por cuanto, al cerrarse tal padrón el 1º de junio, aún no había cumplido un año en el mismo, mínimo requerido para estar al mismo incorporado, y consecuentemente para emitir el sufragio. Ante tal situación, formuladas consultas al presidente del BPS, Ernesto Murro, y al vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, se le trasmitió la información respectiva al presidente Mujica, basada simple pero muy claramente en la disposición legal pertinente, y ello puso fin, también simple y muy claramente, al episodio.
El hecho trajo a la memoria un caso que tuvo, como otros de similar trascendencia, amplia publicidad hace varios decenios: se realizaban ese día elecciones nacionales y en el circuito en que debía emitir su voto el entonces presidente de la República, Luis Batlle Berres, fue posible verlo entre los que integraban una cola de ciudadanos que aguardaban que llegara el momento a cada uno para emitir el suyo. Era muy claro advertir que tanto el presidente como los que con él aguardaban en dicha cola tenían muy claro que tal espera era lo que a todos correspondía en función de nuestra raigambre democrática.
Es que, como el Dr. Alberto Volonté expresó en un artículo periodístico que se publicó en “La Democracia” el 29 de febrero de 2008, “en su corta historia nuestro país ha demostrado poseer algunos factores que ponen de manifiesto su viabilidad de origen y que permiten ir dibujando su identidad nacional: su identidad política, su civilidad, su institucionalidad; la identidad nacional se tiene que seguir forjando, se tiene que moldear más, lo que se logra con los años. Pero la base ya está y es excelente. Porque, en el mundo libre, tener estabilidad política y, sobre todo, la facultad de resolver civilizadamente y en armonía las diferencias internas, es un valor inestimable. Esa es la identidad que nos hace viables; lo que ahora importa es que estamos demostrándole al mundo nuestra clara identidad con apego a las grandes ideas de la civilización: la libertad, la democracia y la estabilidad política”. Y agregó enseguida: “claro que la identidad no garantiza el bienestar ni el futuro de los habitantes, que debe ganarlo cada uno con su esfuerzo personal y la sociedad en su conjunto con un esfuerzo colectivo que se consolide a través de los cambios de gobierno y de las ideas de los partidos políticos”. Lo expuesto inicialmente, y lo que se transcribe, sintetiza con precisión los conceptos que los episodios que se comentan ponen en evidencia: la muy clara realidad que deriva de la profunda convicción democrática del país y la forma en que ello incide en la conducta de gobernantes y ciudadanos, al margen de acuerdos o de disidencias.