Opinion | 03 Abr De acuerdo a los resultados divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en base a la Encuesta Continua de Hogares 2010, promedialmente el 25 por ciento de los trabajadores de todo el país está “en negro”, a lo que se agregan asimismo porcentajes variables de personas que solo registran parcialmente en los organismos previsionales sus ingresos, lo que configura un panorama disímil para personal dependiente y empresarios en lo que respecta a su situación y de los organismos a los que deberían estar aportando, como así también para el resto de la comunidad a la que en los hechos están afectando directa o indirectamente.
A nivel nacional, el 25,4% de los empleados y el 25,9% de las empleadas son informales, por lo que no tienen derecho a jubilación por el trabajo que desarrollan, desde que no aportan. Pero las condiciones de empleo muestran sustanciales diferencias entre distintas zonas geográficas del país, y es así que los valores más críticos se registran en el noreste del territorio nacional. El 44,5% de los hombres ocupados en Cerro Largo no estaba registrado en la seguridad social y en Rivera representaban el 44%. En el caso de las mujeres, los porcentajes fueron de 46% y 46,8%, respectivamente. Estos datos ponen en otra perspectiva las tasas de desempleo que registran esos departamentos, que se ubican por debajo de la media nacional de 6,8% (en Cerro Largo fue 6,2% y en Rivera fue de 4,5%), desde que al tener un alto porcentaje de trabajadores en el área informal determinan una pérdida de calidad en el empleo y de cobertura social en el propio núcleo familiar.
En otros departamentos fronterizos con Brasil también se registraron niveles elevados de informalidad, como es el caso de Artigas, Rocha y hasta Tacuarembó –que recibe una fuerte influencia brasileña--, y en términos generales en todos esos departamentos las personas que declaran trabajar sin restricciones (es decir, que están registrados en el BPS y que no se consideran subempleados) es inferior a la media nacional, que se ubicó en 67,4% en el caso de los hombres y de 63,8% en las mujeres en 2010.
Montevideo es el lugar con menores niveles de informalidad, con solo el 18,8 por ciento de trabajadores en negro, en tanto Paysandú figura entre los departamentos ubicados en la media tabla, con valores de entre el 22 y el 29 por ciento.
Ocurre que en un país donde de acuerdo a las estadísticas se registran valores históricamente mínimos de desempleo, con solo un 6,8 por ciento a nivel nacional, estamos ante el serio problema de la baja en la calidad del empleo, que involucra no solo falta de cobertura social adecuada, sino también ingresos bajos y precariedad, que es la consecuencia directa de hacerlo en negro.
En Paysandú, por otro lado, se da el mayor porcentaje de trabajadores privados del país, con el 63,2 por ciento, frente a una media nacional del 56,8, en tanto Montevideo cuenta con el mayor porcentaje de funcionarios estatales, por ser además la ciudad en la que están concentradas las oficinas de los organismos del Estado a nivel nacional, tanto de las empresas públicas como de la administración central. Esto pone de manifiesto las asimetrías del escenario socioeconómico nacional y el grado de privilegios que se da en la capital, que se traduce en una menor cuota de informalismo, mientras al mismo tiempo succiona la mayor parte de los recursos que se generan en el Interior para sostener el andamiaje del Estado.
Surge de estos elementos de la encuesta que la masa laboral del Interior es la gran protagonista y víctima del informalismo, y por lo tanto afectada en sus derechos a la pasividad y a cobertura social, lo que indica una menor calidad del empleo, para empezar, con menores remuneraciones, pero también por la precariedad y escasa posibilidad de acceder a una prestación acorde en sus últimos años de vida.
Debe tenerse presente, igualmente, que este escenario que se da al Norte del Santa Lucía no responde a un deseo espontáneo y masivo de evadir impuestos, sino que en muchos casos obedece al gran costo que implica para el empresario tener a un trabajador plenamente regularizado, con ingresos insuficientes, sí, pero también porque el desenvolvimiento económico de la empresa suele ser mucho más acotado en el Interior que en la capital y por ende la rentabilidad del emprendimiento.
Ello da la pauta de que es preciso encarar no solo acciones inspectivas para contrarrestar este escenario indeseado, sino también adoptar medidas desde el gobierno para estimular la regularización, al tiempo de considerar la realidad del Interior tal como es: diferente a la capital. Esto es importante porque cuanto menos informalismo exista, tendrán mejor desempeño los organismos previsionales y se podrá ampliar una cobertura social todavía muy insuficiente, a la vez de asegurarse mejores condiciones para los que actualmente están dentro del circuito formal, por lo que todos ganaremos de una u otra forma.