Opinion | 07 Abr El índice inflacionario del 1,4 por ciento que se registró en marzo confirma una tendencia que se ha venido manifestando en los últimos meses, con crecientes guarismos en lo que refiere al reajuste de los precios de bienes y servicios, pero con un marcado énfasis en el rubro alimentos y tarifas, lo que indica que el flagelo inflacionario repercute en mucho mayor medida sobre los sectores de menores ingresos, en los que los alimentos constituyen la gran porción de gastos en el mes.
En las últimas horas el presidente José Mujica relativizó este incremento y dijo que se trata de una “inflación importada” y no interna, debido a los aumentos en los valores de las materias primas, el petróleo y la demanda del consumo, lo que aparece como una visión simplista y que no enfoca el tema desde la realidad del país, porque en la inflación están incidiendo políticas del gobierno.
Así, tenemos que la inflación de marzo contribuyó a romper la “barrera” psicológica del ocho por ciento en los últimos doce meses por primera vez desde principios de 2009, cuando el inicio de la pasada crisis internacional y los efectos climáticos adversos del año anterior la dejaron al borde de los dos dígitos.
La inflación que se da en nuestro país tiene por un lado como factor de presión una fuerte demanda interna --que obedece a una mejora real en el poder de compra de sectores de la población que han visto mejorados sus ingresos--, que se refleja en aumentos en productos como la carne, frutas y verduras, las tarifas energéticas, que además se han conjugado con la suba permanente de los valores de los commodities.
No puede extrañar entonces que en lo que va del año la inflación ya haya llegado al 3,65 por ciento, en una tendencia que de mantenerse en el año podría llegar a una inflación los dos dígitos. Pero de alcanzar la cifra gatillo del 10 por ciento, desataría la obligación del reajuste semestral de salarios públicos y pasividades, incorporando así un factor que reavivaría la hoguera que recalienta la economía.
Ahora, en cuanto a las respuestas a través de medidas de gobierno, lo que ha primado hasta ahora ha sido el de minimizar el problema como un elemento coyuntural y exógeno, pese a que el ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo ha manifestado que la inflación es el tema “prioritario” en la agenda económica del gobierno y que se buscarán instrumentos para contener el alza en los precios.
Pero una cosa es el enunciado y otra es identificar realmente los factores que generan el problema y tratar de corregirlos, porque hasta ahora solo se habla de modificar la política monetaria, para tratar de limitar el dinero circulante en plaza, y “conversar” con los propietarios de las grandes cadenas de supermercados para alcanzar un acuerdo de precios, lo que supone tratar de combatir el fuego sofocando el humo y dejando intacto el incendio.
Es que precisamente en la enorme mayoría de los casos los supermercados son tomadores de precios y lo que ha aumentado incesantemente es el costo país para producir bienes y servicios. En este sentido cabe una gran responsabilidad al propio Estado debido a sus gastos exacerbados, así como a una política de salarios que toma como base la inflación y por sobre ella fomenta la “recuperación salarial”, sin considerar la rentabilidad de la empresa o en el caso de los empleos públicos, de dónde provendrán los recursos.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alfonso Varela, al comentar la intención del Ejecutivo de promover un acuerdo con las grandes superficies, subrayó que no conoce “ningún acuerdo que haya funcionado”, que “da la sensación de recetas argentinas”, y que evidentemente el camino a recorrer debería ser reducir el gasto público y conseguir un superávit fiscal.
En la misma línea, dirigentes de las gremiales de granjeros y lácteos subrayaron que lejos de tener margen para rebajas, están pidiendo aumentos en los precios porque los costos se incrementan incesantemente.
Ocurre que los gravosos costos que se aplican a la producción y a todo aquel que intente crear puestos de trabajo para dotar de valor agregado en el ámbito que sea, obedecen a la imperiosa necesidad de recaudación que tiene el Estado, al punto que en medio de la bonanza económica, lejos de tener prudencia en el gasto, sigue demandando más y más recursos para hacer frente a compromisos que no incorporan a la vez ningún elemento estructural que conlleve acaso en una mínima expresión una reforma del Estado que cambie las perspectivas a futuro.
Mientras tanto, sigue depreciándose el dólar y se acentúan los problemas de competitividad de los productos de exportación con valor agregado, así como los que compiten contra los que ingresan desde el extranjero, por lo que estamos ante un elemento adicional que genera problemas en la economía, desde que la inflación en dólares y el crecimiento de los salarios en la misma moneda operan como elementos distorsivos a la hora de competir en el exterior. De hecho, en productos con cierta elaboración Uruguay solo es competitivo dentro del Mercosur, donde cuenta con ventajas arancelarias con respecto a los equivalentes de extra región.
Por encima de medidas coyunturales que puedan adoptarse para comprar tiempo, como se ha hecho ahora al frenar la suba de los combustibles mediante la devolución a Ancap de 40 millones de dólares en IVA por la inversión en la planta desulfurizadora, no puede soslayarse que la respuesta sustentable radica en abatir el gasto público, en reducir la detracción de recursos que hace el Estado de los sectores reales de la economía para sostener su propio gasto, porque de lo contrario se seguirá constantemente dando vuelta a la noria para no pagar costos políticos por hacer lo que se debería hacer en beneficio del interés general.