Opinion | 02 Abr El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió que no está bromeando con las demandas que planteara recientemente contra directivos del diario el Universo y tres periodistas, por un monto de ochenta millones de dólares.
Ocurre que el jefe de Estado se sintió agraviado por comentarios de prensa, sobre todo del diario mencionado, e inició una demanda por “injuria calumniosa”, respecto al papel que desempeñó como jefe de Estado durante la rebelión policial registrada el 30 de noviembre del año pasado, y que a juicio del mandatario –por lo menos así lo manejó públicamente-- se trató de un golpe de Estado organizado por fuerzas opositoras en connivencia con la Policía.
Por supuesto, visto la forma en que se desarrolló el proceso, en que Correa dijo ser rehén tras ser capturado luego que sacó pecho desde el balcón y desafió a los policías en conflicto sindical a que le dispararan, no hace falta hilar muy fino para inferir que el presidente ecuatoriano, haciendo gala de dotes histriónicas, aprovechó la instancia para ponerse en papel de víctima de una confabulación que intentaba desalojarlo del poder.
En suma, se trata de un cuestionamiento que le formula el diario en su actuación como presidente, es decir en un cargo público, a lo que está expuesto todo gobernante que debe responder por sus actos.
Pero para Correa la cosa es muy seria, y así espetó que “no estoy bromeando, lean la Constitución. Todos tenemos derecho a la honra, al buen nombre, y no es que se exceptúa el insulto o difamación al presidente de la república por parte de cualquier periodista o editorialista”, y así se despacha con el pedido de indemnización de 80 millones de dólares y tres años de cárcel para el director, dos subdirectores y el editor de opinión del impreso, aduciendo haber sido víctima de injuria calumniosa.
Por supuesto, se trata de otra forma de presión contra órganos de prensa, un intento de limitar la libertad de expresión contra los medios opositores, porque para los gobiernos autoritarios la libertad de prensa es un mal que debe combatirse cuando no se amolda a su propia visión de las cosas, invocando que se atenta contra las “causas populares”, cuando en realidad es apenas un reflejo de intolerancia y de soberbia por quien se siente dueño de la verdad.